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La CIDH, que tiene su sede en Washington como parte del sistema interamericano, funciona en forma autónoma a la OEA y sus críticos informes han molestado en el pasado a dictaduras de derecha que gobernaron en Latinoamérica durante la década de 1970 y parte de los años de 1980.
Actualmente, algunos de sus pedidos perturban a gobiernos de izquierda democráticamente elegidos, como el de Ecuador, o los de Venezuela y Bolivia. También Brasil ha defendido reformas al funcionamiento de la CIDH.
Cancilleres latinoamericanos se reunieron ayer en un hotel cercano a Cochabamba para discutir cómo avanzar en esas reformas. Gobiernos como los de Colombia, Chile y Estados Unidos han defendido el funcionamiento del sistema.
El gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández ha mantenido en tanto una estrecha política de cooperación con la CIDH, e incluso condecoró a sus miembros por su actuación durante la cruenta dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.
El órgano pidió meses atrás a Correa que cesara un proceso judicial contra periodistas que lo caracterizaron como un gobernante autoritario y escribieron sobre negocios de un familiar del presidente con el Estado.
“El mensaje (de la CIDH) es que no se puede enjuiciar a un periodista o a un medio de comunicación. La comisión pretende que los Estados seamos siempre sospechosos”, dijo Correa ante la asamblea general de la OEA.
Al hablar después del presidente boliviano, Evo Morales, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, Correa calificó a la CIDH “como uno de los últimos vestigios del neoliberalismo en la región” y pidió a América Latina “reaccionar” contra sus procedimientos.
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo que la CIDH “es un instrumento del imperio compuesto por cómplices y pusilánimes”, por lo que debe ser reformado.