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Luego de que el miércoles la Organización de Estados Americanos (OEA) resolviera convocar a los cancilleres de sus países miembros para tratar la situación en Venezuela, este país anunció que se retiraba del grupo regional.
Para que un país quede fuera del organismo, deben pasar dos años, contados desde que anuncie por vía escrita su intención de retirarse.
En esos 24 meses, Venezuela permanece como miembro pleno, con todas su obligaciones y sus derechos.
El régimen chavista, intolerante a las críticas dentro de su país, también lo es en la esfera internacional.
A cualquier venezolano que lo critica, lo acusa de “golpista”; y si participa de protestas populares se gana el mote de “terrorista de calle”.
A los gobiernos que le piden respetar su propia Constitución, los acusa de querer una “invasión” de Venezuela.
Ante esta situación, los únicos apoyos internacionales que le quedan al Gobierno chavista son la dictadura cubana, sus aliados ideológicos (como Bolivia, Ecuador, Nicaragua) y países, principalmente del Caribe, a quienes les provee petróleo en condiciones especiales.
El régimen es rechazado por el 80% de la población, según los últimos estudios, y efectivamente fue rechazado por el 70% del voto popular en las últimas elecciones legislativas.
Desde esos comicios, el chavismo no ha vuelto a convocar elecciones, algo que la oposición reclama en sus protestas.
Asimismo, en la agenda de los manifestantes figura: la liberación de los presos políticos; el respeto al Parlamento, avasallado por las autoridades chavistas; y la apertura de un corredor humanitario para paliar la grave escasez de alientos y medicinas.
El mandato del actual ejecutivo termina a fines de 2018, pero el chavismo ha afirmado reiteradamente que no le dejará el poder a la oposición.