En aquella ocasión, el juzgado estableció un embargo de G. 500 millones sobre un inmueble de su madre, además de una fianza personal de G. 100 millones de su abogado Pedro Rodolfo Mendoza, medidas que permanecen vigentes.

Garay Azucas, quien se desempeñaba como fiscal en Quiindy, fue aprehendido el 27 de abril pasado tras cobrar G. 50 millones para sobreseer al ciudadano español Ángel Aja Muela, durante un procedimiento realizado en una estación de servicio de nuestra capital.

En la ocasión, también se incautaron otros G. 20 millones que tenía en su poder y que quedó a cargo del Ministerio Público.

En declaraciones a la prensa, Mendoza indicó que su cliente “sucumbió” porque estaba agobiado por deudas, pues el salario de G. 15 millones que percibe no le alcanzaba y que tenía interés de pedir una salida abreviada al proceso.

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