Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) quedan atadas de mano para investigar el patrimonio de sospechados con la modificación de la Ley 861/96 de Bancos, Financieras y Entidades de Créditos.
Varios artículos fueron modificados en la Ley 5587/16, ya sancionada por el Congreso, pero pendiente de ser promulgada por el presidente Cartes.
De hecho, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en una nota remitida a Cartes le solicita el veto de los cuestionados artículos.
De ser sancionada la nueva ley, el Ministerio Público solo podrá pedir informes a bancos mediando una orden judicial y solo con respecto a imputados y no sospechados.
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Para el fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinoza “pende como una espada de Damocles sobre la propia estructura legal del país la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida promulgar la modificada Ley de Bancos, que de muy aviesa manera limita la investigación a personas físicas y jurídicas en su patrimonio, cuando se sospecha que pudieran tener un origen ilícito”.
Según el adjunto de la Unidad Especializada, de acuerdo a las modificaciones del artículo 86 de “Excepciones del deber de secreto”, solo desde el momento en que se tenga una anticipada orden judicial (ya imputado un sospechoso) la Fiscalía podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, a los efectos de continuar con su pesquisa. “En pocas palabras, no vamos a poder realizar la investigación en cuanto al patrimonio de nadie”, expresó Espinoza.
Agregó que las modificaciones riñen de forma burda con el artículo 228 del Código Procesal Penal, porque ahí se establece que el Ministerio Público tiene la facultad de poder –dentro de su rol de investigador– solicitar a entidades públicas y privadas las informaciones que sean pertinentes a sus indagaciones.
En “lista gris” del GAFI
El fiscal adjunto Federico Espinoza indicó que de prosperar las modificaciones en la Ley de Bancos, Paraguay podría aparecer en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. “Estaríamos de manera permanente con señales de alerta internacional de riesgo a las inversiones”, sentenció.