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La zona estaba ocupada por campesinos desde el 96, según fuentes consultadas en el Indert. En la Secretaría del Ambiente (SEAM) desconocen la maniobra y aseguran que el parque no puede ser desafectado. Pedirán informes sobre este caso al Indert y al MAG.
El presidente del Indert, Ing. Agr. Erico Ibáñez Ramírez, remitió el 8 de este mes una nota al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dr. Antonio Ibáñez Aquino, pidiéndole usar sus atribuciones para gestionar ante el Poder Ejecutivo la firma de un decreto para eliminar una fracción declarada para parque nacional "Bella Vista". La idea es eliminar el Decreto 20.713, del 20 de abril de 1998, por el cual se declara parque nacional. La fracción mencionada se encuentra en la zona de Bella Vista, en el distrito del mismo nombre, departamento de Amambay.
La propiedad de la familia Antebi fue expropiada en 1995, a través de la Ley 517. Este inmueble posee un total de 224.066 hectáreas y sigue a nombre de una empresa a la que los Antebi están asociados: Se llama Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa). El Estado todavía no pagó por el inmueble. La justicia ordenó un pago de 10 cuotas anuales de más de 21.000 millones de guaraníes.
"El pedido obedece a la necesidad urgente de resolver el problema social de carácter colectivo que afecta a numerosas familias campesinas ubicadas en las tierras expropiadas", argumenta en su nota el Ing. Ibáñez.
La zona que está afectada por el decreto de Wasmosy es la que una comisión interinstitucional para la colonización de las tierras denominó en enero del 98 como "Proyecto Agrícola 2". Esta región y otra de 32.435 hectáreas (Proyecto Agrícola 1) son las dos únicas que pueden ser destinadas a la producción campesina (ver infografía).
El decreto del ex presidente Wasmosy le cayó en paracaídas al entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR). Fuentes consultadas en el Indert dicen que el ex mandatario nunca participó a esta entidad en el proceso de creación de esta zona de reserva.
"Actualmente, el hecho planteado ha resultado en una alteración física del medio en cuestión, por el aprovechamiento de la tierra y sus recursos, por la explotación y ocupación humana, por lo que a nuestro criterio, a la fecha, ya no puede representar un interés científico, educacional y recreativo, como deberían ser las áreas destinadas a parques nacionales", sostiene el documento remitido por el titular del Indert al ministro Antonio Ibáñez. Fuentes consultadas del MAG señalan que este documento se encuentra actualmente en manos de la Asesoría Jurídica de la cartera agropecuaria. El expediente es: EO 105000393.
La misiva enviada por el Ing. Ibáñez utiliza la siguiente justificación complementaria: "Si bien la ley de expropiación preveía destinar áreas para la conservación y protección de los recursos naturales, no es menos cierto que su objetivo principal era permitir el acceso a la tierra a quien no la posee o la posee insuficientemente, como uno de los elementos importantes de la gobernabilidad, a partir de un planteo innovador y adecuado, tanto a la realidad nacional como a las necesidades del desarrollo sostenible".
"NO PUEDE SER DESAFECTADO"
"Los parques nacionales son declarados como tales a perpetuidad y no pueden, bajo ningún concepto o excusa, ser desafectados. Este particular tema ni siquiera fue comunicado a la Secretaría del Ambiente (SEAM), que es la autoridad de aplicación conforme atribuciones que le confiere la Ley 1571/00 (artículo 14)", indicó la directora de Biodiversidad de dicho organismo ambiental, Lic. Mirta Medina.
"Todos los parques nacionales son competencia de la Seam y no del Indert ni de ninguna otra institución pública o privada. Cae dentro de nuestra competencia y a nosotros no nos consultaron nada", explicó la profesional.
"La Seam es la autoridad de aplicación de la Ley 352 de áreas protegidas. Por tanto, vamos a solicitar un informe al Indert, que es la institución que está impulsando la desafectación", manifestó la directora de Biodiversidad.
Agregó que el Indert no puede aventurar una opinión con mucha ligereza calificando de que el parque nacional Bella Vista carece de interés científico, educacional y recreativo. "No nos pidieron una opinión técnica del lugar, ni siquiera exigieron que se haga un estudio, un relevamiento, del sitio. No podemos acompañar esta tramitación porque la Seam ni siquiera fue informada de lo que estaban proyectando", terminó diciendo la Lic. Medina.
El presidente del Indert, Ing. Agr. Erico Ibáñez Ramírez, remitió el 8 de este mes una nota al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dr. Antonio Ibáñez Aquino, pidiéndole usar sus atribuciones para gestionar ante el Poder Ejecutivo la firma de un decreto para eliminar una fracción declarada para parque nacional "Bella Vista". La idea es eliminar el Decreto 20.713, del 20 de abril de 1998, por el cual se declara parque nacional. La fracción mencionada se encuentra en la zona de Bella Vista, en el distrito del mismo nombre, departamento de Amambay.
La propiedad de la familia Antebi fue expropiada en 1995, a través de la Ley 517. Este inmueble posee un total de 224.066 hectáreas y sigue a nombre de una empresa a la que los Antebi están asociados: Se llama Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa). El Estado todavía no pagó por el inmueble. La justicia ordenó un pago de 10 cuotas anuales de más de 21.000 millones de guaraníes.
"El pedido obedece a la necesidad urgente de resolver el problema social de carácter colectivo que afecta a numerosas familias campesinas ubicadas en las tierras expropiadas", argumenta en su nota el Ing. Ibáñez.
La zona que está afectada por el decreto de Wasmosy es la que una comisión interinstitucional para la colonización de las tierras denominó en enero del 98 como "Proyecto Agrícola 2". Esta región y otra de 32.435 hectáreas (Proyecto Agrícola 1) son las dos únicas que pueden ser destinadas a la producción campesina (ver infografía).
El decreto del ex presidente Wasmosy le cayó en paracaídas al entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR). Fuentes consultadas en el Indert dicen que el ex mandatario nunca participó a esta entidad en el proceso de creación de esta zona de reserva.
"Actualmente, el hecho planteado ha resultado en una alteración física del medio en cuestión, por el aprovechamiento de la tierra y sus recursos, por la explotación y ocupación humana, por lo que a nuestro criterio, a la fecha, ya no puede representar un interés científico, educacional y recreativo, como deberían ser las áreas destinadas a parques nacionales"
La misiva enviada por el Ing. Ibáñez utiliza la siguiente justificación complementaria: "Si bien la ley de expropiación preveía destinar áreas para la conservación y protección de los recursos naturales, no es menos cierto que su objetivo principal era permitir el acceso a la tierra a quien no la posee o la posee insuficientemente, como uno de los elementos importantes de la gobernabilidad, a partir de un planteo innovador y adecuado, tanto a la realidad nacional como a las necesidades del desarrollo sostenible".
"NO PUEDE SER DESAFECTADO"
"Los parques nacionales son declarados como tales a perpetuidad y no pueden, bajo ningún concepto o excusa, ser desafectados. Este particular tema ni siquiera fue comunicado a la Secretaría del Ambiente (SEAM), que es la autoridad de aplicación conforme atribuciones que le confiere la Ley 1571/00 (artículo 14)", indicó la directora de Biodiversidad de dicho organismo ambiental, Lic. Mirta Medina.
"Todos los parques nacionales son competencia de la Seam y no del Indert ni de ninguna otra institución pública o privada. Cae dentro de nuestra competencia y a nosotros no nos consultaron nada", explicó la profesional.
"La Seam es la autoridad de aplicación de la Ley 352 de áreas protegidas. Por tanto, vamos a solicitar un informe al Indert, que es la institución que está impulsando la desafectación", manifestó la directora de Biodiversidad.
Agregó que el Indert no puede aventurar una opinión con mucha ligereza calificando de que el parque nacional Bella Vista carece de interés científico, educacional y recreativo. "No nos pidieron una opinión técnica del lugar, ni siquiera exigieron que se haga un estudio, un relevamiento, del sitio. No podemos acompañar esta tramitación porque la Seam ni siquiera fue informada de lo que estaban proyectando", terminó diciendo la Lic. Medina.