La gran riada de 1983 representó para el Estado paraguayo un gasto de US$ 20 millones, solo en Asunción. Conforme con las proyecciones, los efectos de una crecida similar hoy día demandarían unos US$ 80 millones de pérdidas. Es imperioso buscar una solución definitiva.
¿Cuánto nos cuesta cada inundación? Las sucesivas y periódicas crecidas del río Paraguay generan millonarias pérdidas que paga el contribuyente paraguayo. Los cálculos del costo fueron realizados por la consultora internacional Motor Columbus analizando los gastos de la emergencia de 1983, cuando el río llegó al tope de 9,01 metros. La estimación de gastos fue de 20 millones de dólares.
El estadígrafo e investigador social y de mercado del ICA Marcos Cáceres considera que en las últimas décadas, y teniendo en cuenta las proyecciones de ese cálculo, las riadas se llevaron unos US$ 80 millones.
Debido a que la situación actual demográfica y habitacional de los bañados -comparada con la de 1983- se ha cuadruplicado, hay que estimar que, si la inundación de este año alcanza la marca histórica, se gastarán otros 80 millones de dólares. Sumando los históricos de las últimas décadas tendremos un gasto de US$ 160 millones en emergencia por la crecida, en Asunción.
Cáceres explica que si el gasto de trasladar a una familia desde los bañados hacia los campamentos representa un gasto de G. 1.500.000 o G. 2.000.000 por cada grupo familiar este monto sube cinco veces más (unos G. 10 millones por familia) cuando se habla del Operativo Retorno. “El retorno es mucho más caro porque se destruyen las viviendas, las paredes, todo el sistema eléctrico de las casas.
En muchos lugares, con 6 metros de crecida el agua toma un metro de las casas de material. Si va a 9 metros, llega a la altura del techo. Con el movimiento del agua y el oleaje, las paredes se resquebrajan totalmente. El poder destructivo es muy grande, pues pese a que parece calmado existe un intenso oleaje”.
Agrega que a este daño causado por la naturaleza se suma el causado por los “buitres carroñeros” que se dedican a rapiñar los techos recorriendo las zonas inundadas con canoas. “Hay que reconstruir todo, una vez que baje el agua”.
Con todo ese dinero que se invierte en la emergencia –afirma Cáceres– se puede perfectamente encarar el Plan de Relocalización en las partes altas de la ciudad o en otro lugar: “Si se ahorrara ese dinero de la emergencia, se tendría el monto para la solución definitiva”.
A su criterio, la relocalización en zonas altas o ya rellenadas demandaría unos 100 millones de dólares para el Bañado Norte y otros US$ 100 millones para el Bañado Sur. “Los gastos de las inundaciones es dinero arrojado al agua. Hay que emplear mejor esos recursos”, dice.
Como ejemplo, citó que los picos de crecidas se dan normalmente por periodos largos como el ocurrido entre los años 1992 y 1995 cuando se baja a la gente una vez que pasa la riada y enseguida vuelven a subir por otra crecida. Todo esto genera gastos en viviendas, campamentos, traslados, etc.
“Entonces hay una factibilidad económica para encarar un plan de relocalización definitiva y consolidación en nuevos barrios, donde se le puede poner a la gente la prohibición de vender sus propiedades en un periodo de diez años, que no sean víctimas de especulaciones inmobiliarias que le hagan vender sus viviendas y nuevamente vayan a ocupar las zonas bajas”.
Precisó que, de cualquier manera, una solución definitiva se debe encarar en forma simultánea para los Bañados Norte y Sur para evitar que una persona indemnizada en el Norte vaya a instalarse en el Sur, con lo cual el problema seguiría.
Destacó que realmente es grave el drama actual por la cantidad de habitantes que han adquirido los bañados donde actualmente viven 26.000 familias que representan 130.000 personas, según las estimaciones.
Intentar el sistema de viviendas sobre pilotes o tipo palafitos en los Bañados no funciona. “Ese tipo de vivienda es solo apto para gente que vive del río, que tiene como medio de subsistencia la pesca y afines”, aclara Cáceres.
La mayoría de la población del bañado tiene su trabajo en la zona alta de la ciudad donde se dedican a oficios varios, funcionarios públicos, empleadas domésticas, por lo que todo el sistema de conexión debe darse con el resto de la ciudad y no con el río. Solamente el 5% son pescadores u oleros y el 95% se relaciona con la ciudad en sí. Por tanto, una solución definitiva debe pasar necesariamente por un proyecto de relocalización.