La interpelación solicitada es para que el funcionario aclare su situación como coordinador de Política Energética del Gobierno y al mismo tiempo accionista de President Energy, firma que junto a Amerisur fueron beneficiadas el año pasado con una prórroga para la búsqueda de petróleo en suelo paraguayo.
El proyecto de interpelación se había presentado el año pasado, pero la sesión en la que se trataría en diciembre quedó sin quorum.
El proyecto fue firmado por los senadores Miguel López Perito (Avanza País), Emilia Alfaro de Franco (PLRA), Fernando Lugo (Frente Guasu), Eduardo Petta (independiente), Óscar Salomón (ANR, disidente), Desirée Masi (PDP) y Sixto Pereira (FG). Entre otras consultas incluidas en la interpelación, López Moreira deberá responder bajo qué número de resolución fue designado como coordinador de Política Energética del Gobierno Nacional y el marco jurídico que avala dicha designación.
Igualmente, cuáles son las funciones específicas como coordinador de política energética y detalles sobre los funcionarios que deben colaborar con él en dicha tarea. También debe confirmar si posee acciones en la empresa President Energy PLC, por qué monto y qué proporción del total de las acciones de la empresa maneja, desde qué fecha y el motivo de la transacción. Si es propietario, accionista o directivo de la empresa Royal Seguros SA, y de igual manera si son propietarios, accionistas o directivos, parientes en primer o segundo grado, por consanguinidad o afinidad. En caso afirmativo, debe aclarar el tipo de vínculo con la empresa y la fecha de inicio del mismo.
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Consultan asimismo si está en conocimiento de que la empresa Royal Seguros SA haya emitido garantías o pólizas a favor de personas físicas o jurídicas en el marco de presentaciones de las mismas a contrataciones con el Estado paraguayo, en todas sus modalidades.
Cinco préstamos
También incluyeron en el orden del día cinco préstamos internacionales pendientes de aprobación. Tres para el Ministerio de Obras Públicas por un monto total de US$ 260 millones, otro para la AFD, de US$ 30 millones y otro para el Ministerio de Educación por US$ 20 millones.