Cualquiera haya sido la postura de la clase, que normalmente se divide entre los estrictamente literales o positivistas y los que intentan ir más allá del texto de la regla, desentrañando el espíritu de la norma, el profesor traza un argumento intermedio y hasta ambiguo que deja al estudiante cuestionando el funcionamiento de todo el sistema jurídico.
Imaginemos una sociedad en la que si el letrero prohíbe subir perros al tren, todos los viajantes sabrían que no deben subir cualquier clase de animales por respeto al orden jurídico.
Ahora imaginemos otra, en la que si el letrero, en lugar de tener cinco o seis palabras tuviera más de 100 que enumeraran la mayor cantidad de seres vivos que a los viajantes se les podría ocurrir tratar de introducir al tren.
En este último caso, no faltará quien dispare su creatividad para usar el tren en el que viajan personas para transportar animales que el creador de la norma no tuvo el buen tino de incluir en el listado, o bien otra clase de equipajes que, a sabiendas de que jode al resto, no tiene problemas en transportar por la pura y soberana libertad de su deseo, por su comodidad, para no pagar un flete, o por las razones que sean, y que no consideran ni por casualidad los derechos de los demás.
Es lo mismo que sucede día tras día en nuestra sociedad acostumbrada a desvirtuar el “animus societatis” en las relaciones contractuales y a desnaturalizar el espíritu de buena fe que debe primar en las relaciones sociales. “Lo que últimamente prima es el animus jodetis”, suele decir en sus clases el doctor en Derecho Julio César Vergara Candia, reconocido tributarista de nuestro medio.
Aunque en el Derecho de los Contratos se intenta prever la mayor cantidad de circunstancias posibles que podrían sobrevenir durante su ejecución, en la vida de relación en general es imposible aplicar este principio. Porque simple y llanamente no se puede reducir el orden jurídico a la literalidad de un texto, y por encima del sentido común inclusive. O al menos, no en una sociedad en la que los ciudadanos y las instituciones avancen hacia un estadio de verdadera seguridad jurídica.
Las facultades de derecho, y hasta las escuelas primarias, tienen la responsabilidad de educar en la creencia de que joder a otros, utilizando las “lagunas” de la ley, no es una cualidad elogiable ni intrépida, sino una evidencia del abuso del derecho que se comete en todos los órdenes y al cual hay que combatir formando verdaderos juristas y no terroristas de las normas.
pcarro@abc.com.py