Quizás haya en algún rincón del Paraguay un caso excepcional, pero a juzgar por los resultados del departamento de Canindeyú, esta institución no marcó la diferencia en lo más mínimo en ningún aspecto del desarrollo, sea en educación, salud o infraestructura.
Eso sí, por todas partes viene dejando obras insignificantes, obsoletas, como empedrados, tanques de agua o tinglados que ante la primera tormenta se desploman. La merienda escolar que provee es un gran fracaso y una de las primeras fuentes de negociado de los gobernadores.
La corrupción que envuelve a gobiernos departamentales, que ni siquiera tienen que hacer el esfuerzo de recaudar, como las municipalidades, es enorme. Las juntas departamentales no existen sino es para chantajear de vez en cuando al ejecutivo –especialmente cuando llega el momento de aprobar o rechazar la ejecución– para que este les haga alcanzar algunas migajas de la torta que se mofa.
Son más de 10 millones de dólares anuales que quizás serviría mucho más en el presupuesto de educación, para construir centros educativos acorde a los tiempos actuales y no las aulas estilo colonial, con materiales de segunda, que pululan por todas partes y se caen a pedazos poniendo en riesgo a los alumnos.
De hecho, la Carta Magna no tiene la culpa. Sí lo tienen aquellos que deben velar y proteger los recursos, el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, respectivamente, y que se confabulan para convertir la ley madre en letra muerta, y sacar descaradamente provecho personal de los escuálidos fondos del Estado.
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