Solamente quien se ve obligado a permanecer tres horas en una fila de vehículos sobre el puente, bajo un calcinante sol puede entender lo duro, difícil y extenuante que resulta cruzar los tres kilómetros del puente. Entre quienes utilizan el puente hay personas con problemas de salud, adultos mayores, niños.
Detrás de esta cotidiana violación a los derechos humanos de miles de personas, que propician las autoridades de ambos países, existen algunas cuestiones que nadie plantea sobre la mesa, como el contrabando hormiga que beneficia a funcionarios aduaneros de ambas orillas. Se establecen “rigurosos” controles aduaneros, pero el contrabando pasa de largo.
No es casual que el control sea lento, burocrático y la infraestructura insuficiente. Un intento por aplicar un programa de control integrado, acordado en el marco del Mercosur, tanto migratorio como aduanero, fracasó porque ninguna de las partes está dispuesta a renunciar a su “parte” en la repartija de beneficios provenientes de la coima.
Para nadie es un secreto que buena parte de los usuarios –tal vez la mayoría– son “paseros” que cruzan el puente varias veces al día, llevando y trayendo mercaderías. También lo saben las autoridades.
Así como están las cosas, el problema del cruce del puente parece no tener solución. La gente va a seguir siendo atropellada en uno de sus elementales derechos que es la protección de su integridad y su dignidad. Se impone que la cuestión sea encarada con honestidad y sinceridad por quienes fueron electos para administrar las cuestiones públicas con diligencia y respeto a la condición humana de sus mandantes.
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