Según el Poder Ejecutivo, la Educación se lleva el 18,52% del presupuesto destinado a ese poder del Estado. Para los que vivimos aquí y conocemos al gobierno y por sobre todo a los gobernantes que administran los fondos de Educación (intendentes, gobernadores, ministros) sabemos que es poca la inversión en este campo y sobre todo sabemos en qué terminan especialmente el dinero de Fonacide: corrupción y enriquecimiento ilícito.
Pero para las estadísticas internacionales y para la evaluación de gestión y de inversiones sociales es muy buena señal de que, a pesar de la precariedad de recursos económicos del país, las élites políticas y burocráticas tengan la voluntad política de destinar la mayor cantidad de fondos a la Educación, frente a otros problemas que soporta el país, como la inseguridad ciudadana y la pobreza extrema.
Sin embargo, lo que para todos es una verdad absoluta, de que nuestro presupuesto asigna el mayor rubro a Educación, no pasa de ser una simple ilusión porque hay un rubro no registrado en el presupuesto que, sin embargo, se lleva la mayor parte del dinero público, sin figurar en los asientos contables, aunque sí profusamente en las páginas policiales y judiciales y en las investigaciones periodísticas.
Se trata del rubro corrupción que, si bien no aparece escrito en la ley de presupuesto y menos en el presupuesto financiero de Hacienda, tiene una erogación real, constante, sostenida y perseverante. Adquiere formas, según las circunstancias, de cohecho, cohecho pasivo agravado, extorsión, sobornos, prevaricato, lesión de confianza, malversación, evasión, contrabando, entre otras.
Todo lo que se roba es dinero del pueblo o recurso destinado a lograr su bienestar; todo lo que se sobrefactura o se maquina para hacer ganar a parientes o amigos, todo lo que se malversa o se evade son recursos que vuelven millonarios a unos cuantos, en vez de expandir y mejorar los gastos y las inversiones públicas en beneficio de la población más necesitada del país.
Se imaginarán lo que cuesta a los contribuyentes elegir a las nuevas autoridades, pero seguro ni se imaginan el costo en dinero y patrimonio que tiene el retiro de los respectivos cargos para los cuales fueron designados. Eso tampoco figura en el presupuesto, pero son gastos multimillonarios en licitaciones direccionadas, nombramientos de último momento, repartija de fondos con aumentos desmedidos de sueldos, contratos adelantados y todo tipo de negociados que los gobiernos entrantes prometen revisar y en realidad nunca lo hacen.
¿Por qué los gobiernos democráticos del Paraguay tienen apenas dos años de gestión? ¿Por qué desde el tercer año comienzan a perder respeto y credibilidad? No es, como dicen, porque todos en el mundillo político aspiran a tener lugar en el próximo gobierno, o porque las internas partidarias son salvajes y a raíz de ello nadie respeta los plazos.
Nada de eso. Es porque ningún gobierno resistió la tentación de la corrupción y la ciudadanía de hoy es más impaciente que la de décadas atrás, motivo más que suficiente para que el presidente electo se tome en serio el problema de la corrupción y la impunidad, sabiendo que si no lo hace, en dos años o en menos estará metido en medio de escándalos tras escándalos de corrupción que lo atormentarán a él y a su familia a lo largo y a lo ancho de los tres años faltantes del período para el cual fue elegido.