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El desacertado anuncio alentó a los desahuciados a permanecer en las inmediaciones del inmueble estatal, bajo precarias carpas y exponiendo a niños y ancianos, con la “esperanza” de que el Gobierno solucione el supuesto problema de la falta de tierra que sufren. Luego se dio una serie de hechos que confundieron todavía más a los invasores y los invitó a no quitarse el chip de que tienen derecho a invadir y atropellar inmuebles privados o estatales con el discurso de no contar con un pedazo de tierra.
Primero hubo un diálogo de autoridades gubernamentales con el titular de Copaco para negociar las tierras y llegar a una solución viable. Después un estirón de orejas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, que en ningún momento cuestionó la actitud de los invasores que ingresaron al predio de 58 hectáreas, pero sí deliberó sobre el procedimiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional. En opinión de los miembros de dicho colegiado, el operativo conjunto fue ilegal.
El procedimiento fue legal, ya que se realizó dentro del marco del plan de acción conjunta para la investigación del hecho punible de invasión de inmueble ajeno, que en su fase tres prevé el procedimiento del cese del hecho antijurídico y aprehensión de personas que se encuentran en el predio invadido. No se requiere de una orden judicial porque el propietario acompaña el procedimiento y autoriza el ingreso a la propiedad.
Debe cortarse de raíz la actividad ilícita en la que seudolíderes de “sintierras” o “sintechos” estafan millonarios montos de dinero a la gente. También se debe dejar de legitimar las ocupaciones de terrenos ajenos, de lo contrario el mismo Gobierno sigue instigando a la invasión.
gladys.villalba@abc.com.py