Mediante el pasaporte, la dictadura se tomaba la atribución de permitir o no que los ciudadanos viajaran al exterior. Podría disponer que algunos viajaran a determinados lugares, pero no a otros países, y ese criterio selectivo tenía que ver generalmente con el destino, con el motivo o directamente con la identidad del ciudadano, según sea amigo o enemigo.
¿Cuál era la modalidad para que el Gobierno se apropiara del derecho de las personas de salir e ingresar al país libremente? Una forma expeditiva era denegar categóricamente, sin posibilidad de apelación alguna, el documento al enemigo; la otra era no permitir que termine la tramitación, encontrando en el transcurso de la gestión alguna cuestión pendiente con la policía o la “justicia”.
De esta manera la dictadura era dueña absoluta del derecho de las personas de transitar libremente o de ausentarse fuera del país y de ingresar de nuevo, sin inconveniente alguno siempre y cuando no sea buscado por la justicia por delitos cometidos realmente y no inventados por la dictadura en contra de sus adversarios.
Rémoras de aquellas prácticas totalitarias subsisten hasta hoy con la intervención del Estado sobre el ejercicio libre de los derechos ciudadanos en distintas áreas. Una que puntualmente observa hoy el senador Adolfo Ferreiro se refiere a las leyes tributarias que condicionan la portación de un certificado de cumplimiento tributario para tener derecho a contar con pasaporte y poder viajar al exterior.
La Constitución actual establece que todo paraguayo tiene derecho a “ausentarse de la República o volver a ella”, pero resulta que este derecho básico queda supeditado al “derecho” del Estado de recaudar eficientemente por medio del chantaje.
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