El Ministerio Público presentó acusación formal contra Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. Figuraban como auxiliares en la Cámara Baja, pero trabajaban para el diputado cartista Tomás Rivas. Mientras ellos pueden ir a la cárcel, su patrón se escuda en fueros y el plenario nunca trató su caso. Hecho casi idéntico al de Ibáñez, quien lo reconoció en juicio y tuvo que renunciar por presión ciudadana.