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El contralor general de la República, Enrique García, sobre quien pesan una imputación y un juicio político pendiente en el Congreso, ayer se lavó las manos y buscó tomar distancia del pedido de intervención en contra de Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), intendenta de Ciudad del Este.
La Constitución Nacional, en su artículo N° 165, establece tres casos para justificar una intervención: por dictamen de Contraloría; a pedido de la Junta Municipal o por la desintegración del citado colegiado. De esta manera, García tira la pelota a la Junta Municipal y a la Cámara de Diputados.
En su justificación, García confirmó ayer que la última auditoría a la comuna esteña se realizó en 2013, hace cinco años, y que desde entonces es imposible cualquier control.
Desmintió así al diputado Justo Zacarías (ANR, Cartista), cuñado de Sandra McLeod, quien en la última sesión legislativa dijo lo contrario.
El funcionario explicó que la Municipalidad de Ciudad del Este es uno de los 156 municipios y entes públicos que radicaron una acción de inconstitucionalidad para eludir a la Contraloría y rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial. Agregó que la Contraloría solicitó la revisión de dichos documentos, pero el Poder Judicial se opuso nuevamente.
García insistió en que, de esta manera, hay una “imposibilidad material” de producir el dictamen previo que requiere la Constitución Nacional. No obstante, recalcó que la intervención aún puede realizarse con el pedido existente de la Junta Municipal esteña.
El contralor también sostuvo que, aunque pudiesen acceder a los documentos, las auditorías duran unos ocho meses y las fiscalizaciones inmediatas requieren al menos 45 días, lo que también imposibilita un dictamen rápido para su estudio en Diputados.
García hizo estas declaraciones en rueda de prensa acompañado por Nicolás Arregui, director de Rendición de cuentas y cupo del senador Dionisio Amarilla (llanista); César Núñez, director Jurídico; Carlos Krussel; director de control a municipios y gobernaciones; y Humberto Franco, director de auditorías.
Entre los presentes en el auditorio también se encontraba Analy Valiente, directora de Declaraciones Juradas y esposa del senador Amarilla.