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Sin embargo, en el órgano superior de control desconocen que el Ministerio Público haya impulsado alguna investigación sobre los distintos casos de indicio de hecho punible detectado en auditorías y exámenes especiales.
Entre las instituciones afectadas por el informe del órgano contralor, está la Municipalidad de J. E. O’Leary en dos casos: G. 1.780.000, por diferencias entre el valor contractual y el valor real de construcción de empedrado en la calle Acosta Ñu; G. 6.300.000, diferencias entre el valor contractual pagado y el valor de rubros ejecutados en la construcción del polideportivo municipal.
La Municipalidad de José Leandro Oviedo aparece con tres casos: G. 8.787.500, diferencia entre costo real de una póliza de seguro y lo pagado por la Municipalidad; G. 104.500.000, pago por prestación de consultoría por monto superior al efectivamente comercializado en el mercado; y 155.000.000 de guaraníes se pagaron por un sistema integrado de administración municipal, un monto superior al efectivamente comercializado en el mercado.
La comuna de Yatytay aparece con dos casos: G. 35.932.765, por pagos de más por construcción de casillas para feriantes; G. 82.242.983, cheques girados y cobrados sin que se pudiera verificar el destino de esos recursos, año 2013 y 2014.
El Indert también aparece con un caso: G. 464.854.472, por diferencia entre precios de bienes adquiridos por la Asociación Yvy Rory de la Empresa Local SA y los precios de mercado que regían en ese periodo.
Senavitat, con dos casos: G. 1.814.305.403, construcción de 50 viviendas en Pilar. La contratista Tecnosur Ingeniería SRL incumplió sus compromisos contractuales y Senavitat tampoco hizo el reclamo oportuno, lo que posibilitó la pérdida de la garantía de anticipo y de fiel cumplimiento de contrato; y G. 1.226.021.081, construcción de 32 viviendas en Alberdi. Aquí tampoco la contratista, Tecnosur Ingeniería SRL cumplió sus compromisos contractuales y la Senavitat, al no reclamar, posibilitó la pérdida de la garantía de anticipo y la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Comuna de Atyrá, G. 396.000.000, pagó por supuestos trabajos por consultoría para coordinar, planificar, elaborar y evaluar documentaciones para el reordenamiento catastral de inmuebles de la zona urbana.