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La interpelación solicitada a López Moreira es para que el funcionario aclare su situación como coordinador de Política Energética del Gobierno y al mismo tiempo accionista de President Energy, firma que junto a Amerisur fueron beneficiadas en 2015 con una prórroga para la búsqueda de petróleo en suelo paraguayo.
El proyecto de interpelación se había incluido en la sesión del 12 de diciembre del año pasado, pero los mismos que lo plantearon la dejaron sin quórum al advertir que no tenían la mayoría necesaria y para evitar el rechazo.
El proyecto fue firmado en su momento por los senadores Miguel López Perito (Avanza País), Emilia Alfaro de Franco (PLRA), Fernando Lugo (Frente Guasu), Eduardo Petta (independiente), Óscar Salomón (ANR, disidente), Desirée Masi (PDP) y Sixto Pereira (FG). Entre otras consultas incluidas en la interpelación, López Moreira deberá responder bajo qué número de resolución fue designado como coordinador de Política Energética del Gobierno Nacional y el marco jurídico que avala dicha designación.
Igualmente, cuáles son las funciones específicas como coordinador de política energética y detalles sobre los funcionarios que deben colaborar con él en dicha tarea. También debe confirmar si posee acciones en la empresa President Energy PLC, por qué monto y qué proporción del total de las acciones de la empresa maneja, desde qué fecha y el motivo de la transacción. Si es propietario, accionista o directivo de la empresa Royal Seguros SA, y de igual manera si son propietarios, accionistas o directivos, parientes en primer o segundo grado, por consanguinidad o afinidad. En caso afirmativo, debe aclarar el tipo de vínculo con la empresa y la fecha de inicio del mismo.
Préstamos
El orden del día incluye varios créditos para el MOPC por un monto total de US$ 304.750.000 provenientes de la CAF, Fonplata, BIRF y el BID para distintos programas de infraestructura vial.
Asimismo, se incluyen un préstamo del BID para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) de US$ 30 millones y otro préstamo del Gobierno de los Estados Unidos de América de US$ 20 millones para el Ministerio de Educación para el mejoramiento del transporte de alumnos en zonas rurales del país.