Inseguridad frena el desarrollo

Precisamente, un informe de la Organización Panamericana de la Salud, las muertes violentas se encuentran entre los problemas de salud pública más importantes no solo en América, sino en todo el mundo. Un reciente estudio divulgado por el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, del Ministerio del Interior, desentraña las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito, asesinatos y suicidios del 2016 en Paraguay.

Por su lado, el alto ejecutivo el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), Juan Notaro, comenta que no se trata solamente de no sentirnos seguros al caminar por una calle, o el hecho inédito hace unos años, de que hay zonas enteras o barrios a los que no podemos acceder, porque ya dejaron de pertenecer a la sociedad, es además el enorme costo socio-económico que la inseguridad ha producido.

Señala que, además de representar la dolorosa pérdida de 135.000 vidas al año, implica también un altísimo costo para los países. Indica que América Latina gasta entre el sector público y privado juntos más del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, o lo que es lo mismo, la friolera de US$ 261.000 millones al año en gastos de seguridad que además coinciden con los gastos que la región dedica a mejorar su infraestructura.

Afirma que no es difícil imaginarse cuál debería ser la prioridad correcta. “Se trata exactamente del doble de los gastos que en esta materia dedican los países desarrollados, según explica el BID en un reciente estudio”, dice.

Añade que algunos expertos arguyen que es una suerte de paradoja del desarrollo, que mientras la región logró capear la crisis financiera global del final de la primera década de este siglo, con índices de crecimiento que aumentaron los niveles de consumo como nunca antes, quienes fueron excluidos de ese nuevo consumo se abrogaron el derecho de hacerlo por fuera de la ley.

Manifiesta que una de las explicaciones que ofrecen es que el progreso económico de los últimos años ha provocado un crecimiento explosivo y desordenado de las ciudades.

Dice que a esto se suman otros fenómenos, como el aumento de los “ninis” (jóvenes de entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan) y que son propensos a actividades ilegales y la inadecuada gestión de la justicia, con centros penitenciarios, convertidos en una suerte de universidades del crimen, en lugar de instituciones para la reinserción.

Notaro agrega que el narcotráfico, las redes criminales de trata de personas, son parte a su vez de este complejo fenómeno, al que los países de la Cuenca del Plata (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) no son ajenos. “Ante esta realidad, los gobiernos de la región están tomando medidas que pasan, por el uso de la fuerza pública para el control del delito, pero también por críticas medidas de prevención, como políticas de inclusión social y de recuperación de espacios públicos”, resalta.

Expresa que, de hecho, entre las medidas que los latinoamericanos consideran más efectivas para combatir el delito están el patrullaje policial en primer lugar, pero también el alumbrado público y la recuperación de espacios urbanos y para la recreación.

Alerta que en estos dos últimos factores es donde las organizaciones de desarrollo, como la que él preside, pueden hacer “aportes muy significativos” en trabajar junto los gobiernos en soluciones de desarrollo que apunten al mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes y a resolver problemas desde un enfoque integral que combine la prevención, una justicia más eficiente y la provisión de nuevas oportunidades de progreso social.

Dice que en Argentina, por ejemplo, el programa de Desarrollo de Complejos Fronterizos de Fonplata busca aumentar la presencia del Estado en las áreas de frontera, tanto de seguridad pública como de servicios públicos para los ciudadanos.

Añade que en Joinville y Curumba (Brasil), dos de las localidades se ha puesto el énfasis en la recuperación de espacios públicos y recreativos, así como un mejor alumbrado en las calles; y en Bolivia se impulsa un programa de infraestructura urbana, que generará empleos para jóvenes en situación vulnerable.

Acotó que con estos y otros proyectos buscan incidir en algunas de las causas de la inseguridad en el continente, ayudando a mejorar la planificación urbana, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, reacondicionando los espacios públicos, ofreciendo oportunidades a los jóvenes y generando alianzas con el sector público, el privado y la sociedad civil para juntos ponerle una barrera al crimen.