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16 de Febrero de 2019 07:57

 

“Licencia para matar”

Por Alejandra Rojas Cardozo

La falta de educación vial hace que en barreras de control se den situaciones que se pueden evitar. A esto se suma la desconfianza en la Patrulla Caminera. Según la ley, los municipios deberían capacitar antes de expedir licencias, pero es letra muerta.

Días atrás se hizo viral un video en que se ve a un agente diabético de la Patrulla Caminera que se descompensa luego de que un conductor lo increpó por supuestamente haberle retenido su licencia, según la versión del afectado.

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Esto luego fue desmentido por el agente involucrado, quien argumentó que lo que ocurrió fue que aún tenía la licencia porque debía confeccionar una boleta de multa debido a que la mujer que acompañaba al conductor iba en el asiento de adelante sin el cinturón de seguridad y, además, llevaba a un niño en el regazo. Sobre este último punto, según Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera, lo que se acostumbra hacer es invitar al adulto a pasarse al asiento de atrás junto con el niño, lo que ocurrió en este caso, y fue ante dicha situación que se dio la reacción del conductor quien incluso tomó del cuello al agente.

Este caso es quizás uno de los muchos que ocurren diariamente -de los que queda registro- en barreras de control debido al desconocimiento que muchos conductores tienen sobre las leyes de tránsito. A esto se suma la falta de confianza en los agentes que realizan estos controles (por la corrupción a través de pedidos de coima).

En la ley Nº 5016/14, “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” está claramente explicado que la Patrulla Caminera sí tiene atribuciones como la de retener licencias, vehículos e incluso a los mismos conductores, en casos estipulados en el mismo cuerpo legal. En cuanto a licencias de conducir, existen sólo cinco situaciones en las que los agentes pueden retenerlas, siempre según la ley, y son las siguientes:

 

En el caso que se hizo viral, el conductor alegaba que la ley lo amparaba para que nadie pudiera “retener su documento”. Sin embargo, si bien en el artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito se contempla la prohibición de retener al conductor, a su vehículo o su documentación, se habla de que esto se cumplirá salvo los casos contemplados en la misma normativa o en las leyes penales relacionadas con la materia.

Christ Jacobs también explicó que también existe la ley 4521/12, que establece que está prohibido tomar los documentos de las personas. Sin embargo, la 5016/14 es posterior, por lo que prevalece sobre la primera. “Por lo tanto, la prohibición de retener documentos ya no existe”, subrayó.

Mencionó además que en el artículo 55 de la mentada ley de tránsito, habla de la obligación del conductor de presentar documentos requeridos y luego el artículo 107 habla de la obligación de someterse a pruebas que solicitan las autoridades de fiscalización. “Y en este caso, se le quiso someter a la prueba de alcotest y se negó”, dijo.

Lo ocurrido denota la ignorancia de esta persona sobre las leyes actuales, lo cual se suma a la falta de confianza de los conductores en la institución, lo cual es razonable, según lo admitió el propio titular de la Caminera.

“Licencia para matar”

Según dijo, varias situaciones lamentables se evitarían si es que los conductores conocieran a cabalidad sus derechos y obligaciones y recordó que la ley en su artículo 12, numeral 3, incisos a, b y c “señala que los municipios tienen la obligación de preparar a los conductores para entregarles la licencia y mínimamente les tienen que enseñar la ley de tránsito, lo que debería llevar al menos dos meses de curso” antes de salir a las calles. Esto evidentemente no ocurre en nuestro país, debido a la facilidad con que se expiden estos documentos, sólo pagando un importe y sin tener ningún tipo de capacitación previa.

“El problema es que el 90% de los municipios entregan la licencia de conducir sin preparar al conductor. No cumplen con su obligación que es un mandato, es una obligación constitucional. De ahí es que tenemos mucho déficit en los conocimientos de las normas, en la capacidad de convivencia de las rutas. Los municipios que entregan así no más la licencia están entregando licencia para matar”, consideró.

Como solución a esta problemática, Christ argumentó que la única vía para mejorar es la capacitación de conductores y la educación vial incluso como una materia en el sistema educativo formal. “Nosotros tenemos que realizar acciones preventivas, y en ese sentido, la capacitación municipal para otorgar licencia, y la educación vial en aulas como una materia curricular para que sea sustentable, que desde el preescolar y hasta el tercero de la media se esté hablando de seguridad vial y si es posible también en las universidades”, señaló.

Alarmantes estadísticas no impactan

Christ lamentó que las alarmantes estadísticas sobre siniestros viales no impactan como deberían en la población y en las autoridades. Las comparó con otros aspectos de la salud pública, como las muertes por dengue que el año pasado fueron alrededor de 70, mientras que los fallecidos en siniestros viales, por año, son al menos 1.200.

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“¿Por qué nadie se escandaliza por esto? ¿Por qué nadie toma las medidas? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa. Y la sociedad que utiliza las vías, ¿porqué no busca la manera de entenderse con el otro conductor y busca convivencia respetando las leyes? Claro, si no conocen las leyes, no tienen qué respetar”, expresó.

Lamentó que no se tome conciencia sobre el impacto de este tipo de muertes y también de heridos, que son al menos 60.000 por año, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“En el caso de atropellar a un motociclista irresponsable, si es que el motociclista murió, descansa en paz, pero si queda con vida vegetativa, te casaste con él hasta que se muera (...), y a lo mejor vos no tenés la culpa. Además, en la casa del accidentado alguien tiene que dejar de trabajar para cuidarle. Ese es el impacto social que tiene un accidente. El accidentado Dios quiera que no quede mal y que muera directamente. Las consecuencias sociales de un accidente son más terribles que las consecuencias personales del accidentado”, señaló.

En este sentido, lamentó que en las muncipalidades prevalezcan intereses políticos por sobre los que verdaderamente importan para la ciudadanía. “Los municipios son una instancia muy complicada porque hay diferentes intereses políticos, y las políticas de mediano y largo plazo no interesan”.

Recordó, sin embargo, que “hay casos en que la Agencia Nacional de Tránsito suspendió a municipios para expedir licencias porque no preparaban al conductor”.

Finalmente, señaló que hay que forzar de alguna manera que la educación vial desde las instituciones educativas se convierta en política de Estado. Entonces esos US$ 100 millones de dólares de los que se quejaba Filártiga (Dr. Aníbal, exdirector del Hospital de Trauma) sean destinados a otro fin.

 
 

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