En Paraguay hay poco más de 12.786 personas privadas de su libertad, distribuidas en 16 recintos penitenciarios como: el Nacional de Tacumbú, La Esperanza, Emboscada, Misiones, Concepción, Coronel Oviedo, San Pedro, Villarrica, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Buen Pastor, Juan María de Lara, Granjita Porá y Granja Ko’e Pyahu. Sin embargo, sumadas las plazas que tiene cada uno solo hay capacidad para 6.643 personas, es decir, la mitad.
Según datos del Ministerio de Justicia, las recintos más comprometidos son Tacumbú, que tiene plaza para solo 1.687 internos pero adentro hay 3.930 reclusos; la de Encarnación, que está preparada para 642 pero tiene 878 personas; la de Misiones, preparada para 445 pero están 659 individuos dentro; el Buen Pastor, que tiene lugar para 200 mujeres pero en total hay 434; y Villarrica, que cuenta con capacidad para solo 188 internos, pero alberga a 364.
El problema no se vio alimentado solo por el aumento de la actividad delincuencial sino también desde 2010 con la entrada en vigencia de la Ley 4.431, que prohíbe la concesión de medidas alternativas a la prisión, que modifica el artículo 245 de la Ley 1.286 que estable el “Código Procesal Penal”. En ese año 65% de la población privada de libertad no contaba con sentencia firme, así esto fue en aumento y al 31 de diciembre de 2011 subió al 71%; en 2012 al 72%, en 2013 al 72%, en 2014 al 75% y 31 de diciembre de 2015 llegó al 77%. Aumentó 12%.
Una vez presentada la problemática se puede decir que una de las soluciones sería la reinserción de las personas privadas de su libertad, para bajar el nivel de hacinamiento en los espacios carcelarios. Pero de cara a esta situación “la idea es de que la reinserción sea efectiva”, comentó Raúl Caballero, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
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Según comentó Caballero en términos de reinserción se marca una nueva tendencia desde el Ministerio y con ella lo que se busca es que “el efecto de la prisión sea lo mínimo posible”. En ese sentido la idea es “que exista una normalidad en el recinto penitenciario en función a lo que es la reinserción social, es decir, que a la persona privada de su libertad solo se le prive de su libertad y no de salud, educación, instrucción, de una buena alimentación o contacto familiar”.
Para todo este planeamiento con el que se viene trabajando hace ya algún tiempo, apunta a que la alimentación es un ingrediente muy importante para los fines que se tienen previstos. Dentro de esa idea “se han contactado nutricionistas para elaborar una dieta que esté acorde a las exigencias de una persona privada de su libertad”.
De la misma forma se pretende aclarar la situación de las personas que se encuentran privadas de su libertad con la existencia de una verdadera presunción de inocencia en caso de los prevenidos, y de “que esas personas tuvieron un comportamiento que no estaba de acuerdo a los estándares de la sociedad” y por ello están encerradas pero con sus derechos intactos.“De igual manera en el caso de los condenados”, agregó.
Remarcó Caballero que “en términos generales nuestro principal problema es el hacinamiento” y que para revertir la situación la reinserción sería una solución que puede estar apoyada con la construcción de nuevos centros de reinserción y “no solamente cárceles en el sentido tradicional de la palabra”.
El planteamiento con el que se viene trabajando ahora es el de “no habilitar más espacios en términos carcelarios si no están asociados, fuertemente, a un plan de reinserción” en el que estén incluidas la educación, la formación cultural, la enseñanza de oficios, de arte y otros factores o elementos más que le puedan servir a las personas para su reintegración a la sociedad.
Sin embargo, “no nos limitamos a la educación primaria o secundaria que también se realiza, sino que apuntamos también a la enseñanza universitaria”. En ese sentido los trabajos se llevan a cabo con otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Ministerio de Salud Pública (MSP), que tiene un plan especial para personas encerradas.
Con este objetivo entonces, dichos establecimientos deberían necesariamente estar “adaptados para que las personas privadas de su libertad únicamente vayan a dormir a sus celdas y el resto del día estén estudiando, aprendiendo oficios, estando en la huerta o en la granja, y también realizando actividades físicas o deportivas”.
Dentro de esto también otra de las prioridades sería la de realizar “una nueva reingeniería en relación al tema y que pasa necesariamente por las cuestiones edilicias”, una cuestión que en nuestro territorio es fundamental teniendo en cuenta la cantidad de personas que están privadas de su libertad, hacinadas.
Comentó en otro momento que en el San Juan Bautista, departamento de Misiones, días atrás se inauguró un nuevo espacio que se encuentra ligado al modelo mencionado y detallado de reinserción. A pesar de esto “hay que hacer mención de que esto no se puede hacer solo, desde ningún punto de vista, y que el Ministerio de Justicia tiene recursos limitados”. Sin la ayuda de exponentes del sector público y privado, y el acompañamiento de la sociedad, esto no puede ser posible.
El Viceministro de Política Criminal subrayó que “básicamente necesitamos 6.308 plazas; si al día de hoy tenemos estos nuevos espacios y contamos con todas estas plazas, no habría hacinamiento en el país”. Pero esto por supuesto debe ir acompañado con una reestructuración en el marco legal, al día de hoy, porque estas cifras son progresivas.
Debido a que “desde el 2010 hasta el 2015 hubo un aumento progresivo de personas privadas de su libertad sin sentencia” porque “con la Ley 4.431, tenemos un aumento progresivo de 12%”. Entonces una de las medidas necesarias “sería la derogación de esta ley y la implementación de dispositivos electrónicos para el fuero penal, como las pulseras y tobilleras”.
Sobre dichos artefactos, Caballero se refirió a que “de acuerdo a las experiencias en Latinoamérica y Europa, son un mecanismo para que la persona no esté privada de su libertad”. Además sirve y ayuda a que el individuo pueda contar con un mecanismo de control considerado bastante eficiente.
En ese sentido se viene trabajando en un proyecto de ley que establece ciertas variables para las personas con prisión domiciliaria, medidas sustitutivas a la prisión, medidas alternativas o para quienes recibieron la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, o quienes cumplieron las 2/3 y gozan de libertad condicional, puedan ser beneficiados con estos dispositivos en caso de ser sancionada y promulgada dicha ley.
Próxima entrega: ¿Cuánto le cuesta al Estado cada interno?
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