Abogados de Cartes intentan apartar a fiscal

El fiscal Rodrigo Estigarribia pidió a la Fiscalía General rechazar in límine el planteamiento por improcedente, pues el investigador de la causa consideró que los abogados Ariel Martínez y y Juan Sosa Bareiro, quienes interpusieron el pedido, no aportan ninguna prueba y se limitan a “un cúmulo de críticas sobre la base de juicios de valor y desaprobaciones subjetivas”.

Además, afirmó el agente, los argumentos del pedido “resultan insuficientes y adolecen de razones fundadas en la ley”, señaló.

Los abogados en representación del expresidente Horacio Cartes intentaron recusar al fiscal Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, porque, según arguyeron, no imputó aún a nadie en el marco de la investigación contra Fernando Lugo por usurpación de funciones públicas y desacato.

Según los representantes de Horacio Cartes, la Fiscalía ya recabó elementos suficientes que acreditan la existencia del hecho punible, pues “se recibieron informes del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Senado”, expusieron.

Alegaron también que estos informes constan en la carpeta fiscal desde hace varios meses sin lograrse avances en la prosecución de la investigación ni la imputación de los responsables del delito”.

Según los abogados, ya realizaron cuatro urgimientos sin obtener respuestas, por lo que, según ellos, “se confirma la hipótesis de que existen influencias externas tendientes a torcer el proceso”.

Otro de los alegatos utilizados para pedir la recusación refirió que las partes acusadas ocuparon importantes cargos públicos, por lo que “la enemistad con ellos podría devenir en la percepción personal del investigador”.

Según los juristas, la inacción del fiscal Rodrigo Estigarribia amerita “causas justificadas para solicitar su separación del proceso, pues se pone en duda su imparcialidad”.

Por su parte, el fiscal Rodrigo Manuel Estigarribia Benítez contestó el pedido de recusación argumentando que las razones expuestas son aspectos netamente procesales que atañen a la investigación.

Como argumento, el fiscal expuso el artículo 57 del Código Procesal Penal, que establece que los funcionarios del Ministerio Público “no podrán inhibirse ni ser recusados salvo de manera fundada y únicamente en los siguientes casos: en procesos donde intervenga y sea defensor de su cónyuge conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad, o amigos íntimos o enemigos manifiestos, o cuando existan circunstancias específicas que comprometan gravemente los criterios de actuación establecidos en este código”, dice la ley.

Para el fiscal, los recurrentes no fundan “ni siquiera en lo más mínimo las razones jurídicas de la recusación”, sino que se basan en “presunciones y términos ajenos a las causas reales que podrían desembocar en una recusación”.

En julio de este año, el entonces presidente de la República Horacio Cartes había denunciado a Fernando Lugo por usurpación de funciones públicas y desacato, por haber convocado a Rodolfo Friedmann a jurar como senador activo cuando Lugo aún no había sido elegido ni proclamado para ocupar el cargo en el siguiente periodo, si bien ya era senador y presidente del Congreso del periodo anterior.

Nicanor Duarte Frutos también había denunciado a Lugo por convocar a jurar a Mirta Gusinky y no a él, que, según afirma, fue “elegido y proclamado”, pese a que su candidatura, al igual que la de Cartes, era inconstitucional al ser ambos expresidentes.