Entregan firmas al TSJE para torcer la Constitución

En horario y día laborables, el propio vicepresidente de la República, Juan Afara, encabezó al grupo de colorados que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para entregar las planillas en que aseguran haber recolectado unas 360.000 firmas para solicitar una enmienda constitucional que permita establecer la figura de la reelección presidencial.

Además de Afara, encabezó también la comitiva el diputado por el departamento del Ñeembucú y presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana.

De esta manera, el oficialismo cartista avanza en su intento de forzar la Constitución Nacional para tratar de conseguir habilitar a Horacio Cartes como candidato de cara a las elecciones 2018. Con la recolección de firmas, el cartismo trata de darle un cariz “popular” al intento de atropello a la Carta Magna, aunque el número de firmantes representa apenas el 9% de los electos habilitados para formar parte de elecciones nacionales.

También formaron parte de la comitiva los senadores Lilian Samaniego, Juan Darío Monges, Óscar González Daher; la diputada Perla de Vázquez y el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria -señalado como supuesto padrino y protector de narcotraficantes que operan en la zona norte del país-; la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; y su esposo, Javier Zacarías Irún, vicepresidente segundo de la ANR.

En conversación con medios de comunicación presentes en el lugar, Samaniego manifestó que la población está esperanzada en que el gobierno de Horacio Cartes siga otro período más. Por su parte, McLeod, quien dijo “amar la democracia”, celebró la presentación de las firmas e hizo de menos las denuncias de presiones y hasta despidos por no firmar las planillas que surgieron en los últimos días.

“No queremos más que unos cuantos senadores o unos diputados decidan, que sea la gente la que decida si hay o no reelección”, afirmó a su vez Zacarías Irún.

Wildo Almirón Zárate, apoderado de la ANR y señalado como hombre cercano a miembros de un esquema de millonario lavado de dinero, indicó que son 366.000 firmas las que se presentaron este viernes, pero que la recolección sigue y que volverán a presentar planillas cuando junten otras 100.000 más. Indicó que el TSJE deberá revisar las planillas que luego serán devueltas a la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que deberá encargarse de presentarlas ante el Congreso para hacer correr los plazos.

El vicepresidente Juan Afara estuvo presente en la entrega de firmas y, como todos los cartistas, resaltó que cumplen con el “pedido del pueblo”, que quiere que sea respetado el derecho democrático de votar.

“Con mucho orgullo podemos decir que siempre hemos respetado la Constitución Nacional, por eso cumplimos con el Artículo 290, en el que dice que los ciudadanos tienen derecho a pedir el voto y decir qué futuro quieren para el Paraguay”, destacó.

Afara fue interrumpido varias veces por hurreros que se hicieron presentes en el lugar para acompañar la presentación y terminó entre vivas al Partido Colorado y al presidente Horacio Cartes.

La recolección de firmas para sostener el intento de atropello constitucional que llevó adelante el oficialismo tuvo lugar en medio de denuncias de groseras irregularidades, amenazas y presiones a funcionarios públicos.

Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Beneficiencia (Diben), la titular interina de la institución convocó de manera sorpresiva a todos los directores y jefes de área para que firmaran las planillas y las hicieran firmar a sus subordinados.

Una situación similar se dio en la empresa Tapití SRL, a cuyo cargo está la seguridad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en Itapúa y una de las que más dinero reciben por parte de las instituciones del Estado para la provisión de seguridad privada.

Según los trabajadores de la empresa de seguridad, propiedad del subcomisario retirado Viviano Machado, “por orden del propietario” están obligados a recolectar diez firmas cada uno en una planilla para impulsar la enmienda constitucional y así lograr la reelección.

Los trabajadores comentaron que recibieron “facilidades” para cumplir con la orden, como, por ejemplo, permiso para abandonar hasta por dos horas sus puestos laborales para llevar la planilla a sus respectivas casas y hacer firmar a sus familiares. Si la planilla no es completada, los mismos deben presentar su renuncia o directamente no regresar a trabajar.

Otra situación bastante particular tuvo lugar en el Ministerio de la Mujer, donde durante una reunión organizada por la institución se hacían pasar las planillas como si fuera un registro de asistencia, cuando en realidad eran para recolectar firmas en pos de la reelección presidencial.

A ello se le debe sumar las presiones denunciadas por funcionarios públicos que aseguraban que los obligaban a firmar las planillas bajo amenazas. Un caso muy particular ocurrió en la Fundación Tesai, dependiente de la Itaipú Binacional, donde el funcionario Bruno Saldaña fue despedido luego de negarse a firmar en favor del proyecto reeleccionario. Tampoco faltaron las denuncias de manipulación de sectores carenciados de la sociedad.

A pesar de que el oficialismo pretenda revestir de cariz popular el planteamiento de establecer la reelección por vía de la enmienda constitucional, el proyecto es un abierto intento de violar lo establecido por la propia Carta Magna.

El artículo 290 de la Constitución Nacional señala claramente que “no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos”. La recolección de firmas para solicitar la enmienda que realiza el oficialismo colorado apunta a reformar el artículo 229, cuyo encabezado es: “De la duración del mandato”.

Como si esto ya no fuera suficiente, la recolección de firmas es además una abierta violación a la ley 1.626/2000, De la Función Pública, que establece que queda prohibido al funcionario público “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado” o “ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial de la dependencia, para fines ajenos a lo establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas, y en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo”.

Además, el Senado ya había tratado un proyecto de enmienda constitucional para establecer la figura de la reelección presidencial, proyecto que fue rechazado y motivo por el cual un planteamiento de la misma índole no se puede tratar sino recién hasta agosto próximo. De hecho, la misma Cámara de Diputados -de amplia mayoría cartista- reconoció que ya no se podía volver a tratar un proyecto de enmienda y mandó al archivo dos similares.

El propio ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, reconoció en un primer momento que las planillas de recolección de firmas proenmienda no deberían estar dentro de las instituciones estatales por tratarse de una violación de la Ley 1.626.  Peralta contradecía de esa manera al jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Juan Carlos López Moreira, quien afirmaba que no había nada de malo en que la recolección se hiciera en las instituciones públicas porque los funcionarios eran también ciudadanos. 

“No pedí informe alguno, no veo nada de malo en que estén pidiendo la firma. Ahora, si están forzando, eso es otra cosa. Que yo sepa, no hay ninguna denuncia. El funcionario que se sienta presionado puede denunciar ante la prensa, en la Secretaría Anticorrupción... Tenemos todas las herramientas. Los funcionarios públicos son ciudadanos también. Pueden hacerlo (firmar planilla pro enmienda para la reelección) en la calle o en cualquier sitio público”, afirmó tras un acto oficial en la Comandancia de la Policía.

Horas después, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que contradecía lo señalado por su titular y se alineaba a lo dicho por López Moreira. “La SFP entiende que las firmas realizadas por parte de algunos funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, sino exclusivamente actividades cívicas que responden a iniciativas de la ciudadanía”, señalaba en una parte.

A pesar de que la recolección es encabezada por el oficialismo colorado, un sector partidario y que tiene como fin conseguir la reelección del presidente Horacio Cartes, la institución pretendía asegurar que no existe interés sectario en esta cuestión.

Eso sí, días más tarde, López Moreira alegaría desconocimiento de la ley de la Función Pública para tratar de justificar lo que había dicho. 

De acuerdo a estimaciones hechas por el titular del TSJE, la realización del referéndum para ratificar o rechazar la ilegal enmienda constitucional o las elecciones de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente le costaría al erario público alrededor de US$ 3 millones. 

En diciembre pasado, de hecho, la institución ya se encontraba tramitando un pedido de aumento de su presupuesto ante la posibilidad de la realización de estas elecciones, aunque en aquel momento nada había aún de concreto -al menos no en el conocimiento público-. El dinero para pagar la ratificación de las intenciones reelecionarias deberá salir del bolsillo de los contribuyentes.