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Esta mañana el camarista Arnaldo Martínez Prieto explicó que no siente el respaldo de la máxima instancia judicial para seguir en el cargo. En ese contexto, recordó el caso Curuguaty el cual integró, según refiere, “por la tradicional cobardía de los miembros de la Corte”.
Luego de la determinación tomada por el Tribunal, la Fiscalía General del Estado “de manera insólita” denunció a los camaristas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces Martínez presentó una acción contra el enjuiciamiento que nunca tuvo respuesta de la Corte Suprema de Justicia, comenta.
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“La acción de inconstitucionalidad según el código tiene que ser resuelta en treinta días. Tengo seis meses y 21 días y nadie se atreve. Tengo 26 años acá y no puedo ver un documento (de la denuncia en su contra)”, asevera.
“Estamos desprotegidos (...) el JEM está integrado por gente que no entiende lo que es el derecho. Nuestro país no está preparado para tener gente seria. Yo no me voy a someter a ellos, yo me voy porque la Corte no me protege”, enfatiza.
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En cuanto al caso Curuguaty afirma que todavía no está concluso porque hay un pedido de aclaratoria de la última resolución del Tribunal, por lo que la sentencia todavía no queda firme, pero asegura que nadie quiere integrar el Tribunal por temor a ser enjuiciado.
Además, los otros dos camaristas que resolvieron el fallo, Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón Fernández, fueron recusados.
“A mí me tiene sin cuidado lo que diga el Jurado de Enjuiciamiento, a mí lo que me molesta es que hace 30 años estoy acá pero viene gente nueva y se inhibe por temor, yo no sé por qué (...) Yo ni me voy a morir de hambre ni me muero por este cargo, pero los que entran van a sufrir esto”, lamenta.
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Recalca la falta de acción de la Corte en estos casos, porque al ser la máxima instancia judicial, lo que diga se tiene que cumplir pero alega que la Corte no asume con responsabilidad sus rol. “No está prohibido que ellos denuncien (los fiscales), pero no pueden denunciar a los jueces porque salen en contra de ellos”, subraya.
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Por otra parte, señala que si quiere puede demandar al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Apliqué la convención antes que la ley, yo eso hice y por esto estoy enjuiciado, con ese argumento me voy a Costa Rica y le condenó al Estado paraguayo”, refiere pero añade que ya no tiene edad para entrar en esos pleitos por lo que prefiere simplemente apartarse de su cargo.