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Desde su asunción al cargo, el 25 de junio pasado, el director de Itaipú, Franklin Boccia, aún no determina si los abogados Rafael Fernández y Bernardo Villalba continuarán al frente de la defensa de Cajubi. A esta situación se suma ahora que el único abogado que llevaba las causas, Gustavo Gorostiaga, fue descontratado y solo sigue como abogado con poder en los distintos procesos.
Fernandez y Villalba fueron separados de los casos, luego de un escándalo desatado por los millonarios honorarios fijados en los contratos firmados durante la administración anterior.
Los pagos llegaban hasta US$ 4 millones, cifra que podría incrementarse, debido a que se establecen porcentajes por el dinero a recuperar en los casos judiciales, según explicó en su momento el Dr. Eusebio Ramón Ayala, director jurídico de la entidad, quien llegó a calificar de contrato “cuasi delictual”.
Pese a estar apartados, los defensores no fueron desvinculados oficialmente de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi). Y al no estar tampoco confirmados, las responsabilidades están en una difusa y confusa zona de responsabilidades.
Las autoridades de la binacional habían señalado la posibilidad de dejar de lado el acuerdo con estos asesores para contratar a otro grupo de abogados. Sin embargo, hasta el momento todo sigue en “stand by”.
A esta situación se suma la del abogado querellante Gustavo Gorostiaga, quien lideraba los casos abiertos para intentar el retorno de al menos parte del dinero de la caja desviado al exterior como supuestas inversiones, que prácticamente no tuvieron retorno. El profesional fue descontratado de la entidad, según confirmaron fuentes internas, y sigue solamente como abogado con poder para actuar en el caso Cajubi, lo que podría hasta permitir regulaciones indiscriminadas a futuro.
De esta manera, la batalla jurídica que iniciaron los actuales directivos de Cajubi para recuperar queda en la nebulosa con grandes ventajas para los extranjeros -y los connacionales- que permitieron la fuga multimillonaria de dinero aportado por funcionarios y jubilados de Itaipú.
A la responsabilidad de “Anki” Boccia sobre la indefinición debe agregarse la de Gustavo Paniagua, presidente del Consejo, quien tendría responsabilidad directa sobre la descontratación de Gorostiaga.
Los millonarios desvíos en Cajubi fueron calificados como “el robo del siglo” por las autoridades de la Itaipú.
Se habla de un perjuicio de aproximadamente 104 millones de dólares, debido a “inversiones” en empresas en el exterior de dudoso origen lideradas por venezolanos, guatemaltecos, norteamericanos y canadienses, con apoyo local en el mismísimo Consejo de la Cajubi.
Un total de 13 exdirectivos se encuentran imputados por el caso, entre ellos Víctor Bogado Núñez, extitular de la Caja.