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Los casos de feminicidio que sacuden semanalmente a nuestro país -y el mundo- no son suficientes para que las autoridades competentes garanticen un protocolo efectivo que garantice la seguridad de una víctima que denuncia un caso de violencia contra la mujer, pese a la existencia de la Ley Nº 5777/16 de protección integral, vigente desde hace unos años atrás.
El caso de María Leticia Benítez, una madre de dos hijos, fue denunciado anoche por la misma a ABC Color, ya que, según su testimonio, acudió a la comisaría 12 de Itá a denunciar tentativa de feminicidio por parte de su pareja, Rubén Darío Rolón González, un agente policial que ya la golpeó en reiteradas ocasiones -e incluso una vez intentó ahorcarla- a lo largo de los 10 años que están juntos. Ante la consulta de porqué sigue con él pese a esta situación, replicó “Nunca denuncié porque es policía y entre ellos se arreglan todo”.
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Se trata de un caso similar al de muchas otras mujeres que hoy ya no están para contarlo.
Lo que nos comentó la mujer fue que luego de realizar su denuncia, los agentes de la comisaría 12 Central le dijeron que el caso no podría pasarse al Ministerio Público debido a que nadie estaba de guardia a esas horas (la denuncia fue realizada a las 19:30 de ayer lunes). Esta situación hizo que la mujer recurriera a la prensa, ya que tampoco pudo conseguir que la inspeccionaran en el Hospital Distrital de Itá, con el fin de obtener un diagnóstico médico para agregar a la denuncia. En el nosocomio le argumentaron que en ese momento no había nadie que pudiera evaluarla. (Intentamos comunicarnos al centro asistencial y nadie contestó).
El temor de María Leticia era que su marido saliera tras las seis horas que dicta el protocolo de la Policía pueden demorar a una persona mientras no intervenga el agente fiscal de turno y no ordene la aprehensión. “Yo sé que le van a liberar y va a venir de madrugada a matarnos a los tres”, señalaba desesperada la mujer en diálogo con ABC Color.
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Ante esta situación, intentamos comunicarnos con el comisario Luis Battaglia, jefe de la comisaría de Itá y la comisario Maricel Cartamán, subjefe de la misma dependencia. Tras insistentes llamadas, no se pudo hablar con los mismos, por lo que recurrimos al Ministerio de la Mujer, a través del 137, SOS MUJER, en que nos confirmaron que la denuncia fue hecha pero que la misma sería derivada recién al día siguiente (por hoy) a la abogada encargada.
La operadora, identificada como Margarita, afirmó que habló con personal de la comisaría y que éstos garantizaron que el hombre no sería liberado, pese a que la denuncia no estaba aún en manos del agente fiscal. La misma facilitó un número telefónico de dicha comisaría para que nosotros lo corroboráramos (antes llamamos a otra línea de la dependencia que no funcionaba).
Finalmente logramos hablar con el suboficial Rodrigo Oliveira, quien confirmó que el supuesto victimario estaba aprehendido en dicho lugar y que no sería liberado hasta que la Fiscalía interviniera. El mismo confirmó lo que la denunciante nos había comunicado antes: no podían comunicar el hecho al fiscal porque -supuestamente- nadie estaba de turno.
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Mientras ocurría todo esto, la mujer seguía sin tener las garantías de estar protegida, como tampoco sus hijos.
Ya pasada la medianoche (la mujer llamó por primera vez a denunciar el hecho a este diario alrededor de las 21:00) nos comunicamos, a través de ABC Cardinal, con el comisario Emigdonio Miño, jefe de Orden y Seguridad del departamento Central.
El alto jefe confirmó que la denuncia debía ser comunicada inmediatamente a la unidad fiscal de turno vía telefónica -o al menos al asistente fiscal- contrariamente a lo que afirmaron desde el inicio en la comisaría a la que recurrió María Leticia.
“Lo que nosotros debemos hacer es garantizar la integridad física de la denunciante. Se le identifica al agresor, se le aprehende y se comunica al Ministerio Público vía telefónica”, señaló Miño. Dijo que el diagnóstico médico y el papeleo correspondiente pueden esperar al día siguiente.
Al aire a través de las 730 AM, se comprometió a llamar a los jefes de dicha dependencia (quienes no atendieron a nuestras llamadas insistentes) para que comunicaran inmediatamente el caso a la Fiscalía y que se impidiera la eventual liberación del agente Rubén Darío Rolón González.
Minutos después de esta comunicación, el comisario llamó a ABC Cardinal asegurando que el caso ya estaba en manos de la Fiscalía.
Cada vez que una mujer muere víctima de feminicidio, el Ministerio de la Mujer recalca en sendos comunicados que los casos de violencia deben ser reportados al 137, SOS MUJER; sin embargo, según pudimos corroborar, este servicio si bien sirve para datos estadísticos, no cuenta con un mecanismo efectivo que pueda proteger de forma inmediata a la denunciante que pide auxilio y podría estar en riesgo de muerte.
Datos de dicha dependencia estatal señalan que en los tres primeros meses de este año, ya son 11 las víctimas que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el Paraguay, sin embargo, hay otros casos que fueron notificados posteriormente.