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En conferencia de prensa, Quiñónez aseguró que cada procedimiento se realiza conforme a los datos que provee la Seprelad. En lo referente a los resultados de dichos allanamientos, afirmó que “existen datos y el fiscal sí o sí tiene que ir a verificar y la única manera es el allanamiento, constituyéndose en el lugar y viendo si realmente es la firma, o sea, no es una pifiada”.
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Con respecto a la supuesta filtración de datos al senador Javier Zacarías Irún sobre los allanamientos, dijo no tener reportes por parte de los fiscales.
Finalmente, se refirió a los rumores de presuntas presiones políticas sobre el caso y afirmó que no hay reporte sobre eso. “El expresidente (Cartes) ni siendo presidente nunca se comunicó conmigo. Solamente en la Cámara de Senadores me pidió que actúe conforme a la ley para levantar la imagen de la institución”, dijo.
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De acuerdo a las sospechas, el clan habría utilizado al menos 16 empresas para "desangrar al Estado", lo que desencadenó una serie de allanamientos en las compañías, consideradas de maletín, en busca de documentos que sustenten la hipótesis del Ministerio Público.
La investigación fue abierta por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal contra Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod (intendenta de Ciudad del Este), el diputado Justo Zacarías Irún (exgobernador de Alto Paraná), Margarita Zacarías Irún y dos socios comerciales de la familia: Fernando Román Fernández y Arsenio Román Fernández.
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