Contraatacan a la Fiscalía

Arias insistió en exigir que se entreguen los supuestos informes de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) en que se afirma que el diputado Quintana es sospechoso de lavar activos (así como de otros crímenes vinculados al narcotráfico) y acusó a los fiscales Isaac Ferreira y Lorena Ledesma de violentar el derecho a la defensa, ya que tienen la “obligación de ir juntando las pruebas de cargo como de descargo”.

Lea más: Quintana pide informe de Seprelad a la Fiscalía

“La Fiscalía oculta pruebas y se opone a que nosotros accedamos a estos informes”, insistió, advirtiendo que oportunamente “vamos a pedir la nulidad” de la investigación. La misma crítica hizo en el caso del su otro cliente, el contralor García, investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lea más: Fiscalía indaga a contralor general por enriquecimiento ilícito y lavado

En ese caso, dijo que su defendido ni siquiera fue comunicado de que está siendo investigado. “Se le tiene que comunicar a la persona investigada para ejercer el derecho a la defensa”, refirió como un principio básico del sistema penal paraguayo y consideró “alarmante” la “incoherencia” de la fiscala general, Sandra Quiñónez, porque esta supuestamente habla de transparencia; sin embargo, impide que la Contraloría audite su gestión.

“La incoherencia de la propia fiscala del Estado es alarmante, porque por una parte está pidiendo cárcel para una persona con respecto a un informe de Contraloría, pero en otro caso dice que ella no puede ser investigada por la Contraloría porque es inconstitucional”, refirió.

También defendió al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, que abiertamente abogó por el diputado Quintana, pese su investidura como eventual juez de fiscales y magistrados.

Lea más: No pueden destituir a Bacchetta

“¿Dónde está el tráfico de influencias o el beneficio que le hace Bacchetta con sus afirmaciones a Ulises Quintana? ¿Dónde está Ulises Quintana? Está preso. Y cuando un magistrado -que es el caso de Bacchetta- emite una opinión, la excusación o la inhibición es la solución”, refirió.