Gregorio “Papo” Morales Macchi fue detenido cerca de las 20:00 en la ciudad de Tobatí por agentes del Departamento de Investigación de Delitos del departamento de Cordillera. Durante su arresto, los uniformados incautaron de su poder una pistola de 9 milímetros, informó la corresponsal de ABC Color, Desiré Cabrera.
Sobre Papo Morales pesaba una orden de captura pendiente emitida en julio del 2016 por la producción de documentos no auténticos. El ahora detenido tenía en su contra medidas como la prohibición de portar armas de fuego y salir del país.
El comisario principal Gilberto Gauto ordenó el traslado inmediato de Gregorio “Papo” Morales hasta el Departamento Judicial de la Policía Nacional, en Asunción.
De acuerdo a los datos policiales, Morales Macchi se encontraba transitando por la vía pública cuando se percató de la presencia de los agentes de Investigación de Delitos. Entonces corrió y se escondió en un bar cercano, donde desenfundó su arma de fuego.
Los uniformados del Departamento de Investigación de Delitos solicitaron apoyo a la comisaría 18ª Tobatí. De manera inmediata, el personal policial local se constituyó en el lugar. Al verse rodeado, Papo no tuvo más opción que entregarse sin llegar a realizar disparos.
El personal policial interviniente sospecha que Morales se escondía en Tobatí, pues su padre Gregorio Morales, delegado de gobierno durante la dictadura stronista, cuenta con propiedades en esta ciudad y en Caacupé, además de ser propietario de una radioemisora local.
Gregorio “Papo” Morales cuenta con un largo historial judicial, en el que pueden mencionarse hechos de estafa; durante la diligencia que se realizó en su contra Morales llegó retrasar en varias ocasiones las audiencias preliminares y presentó numerosas recusaciones a magistrados.
En 2013 la jueza de ejecución de sentencia Ana María Llanes había ordenado que la Policía capture a Gregorio “Papo” Morales, Diego Bogado, Freddy Riquelme, Óscar Luján Vega y Mariano Miguel Rodríguez, condenados y con sentencia firme por haber adulterado un cheque para cobrar la suma de G. 271.000.000, previa adulteración de un cheque original que había sido librado por G. 671.000, en 2008.
Posteriormente, Morales se presentó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para cumplir la condena, de cinco años de pena privativa de libertad, por la adulteración del cheque. Durante su sentencia, recusó al juez Pedro Mayor Martínez y logró suspender su audiencia preliminar por otro caso de estafa.
Años más tarde, Papo Morales ofreció devolver la suma de G. 227 millones a cambio de que se archive el proceso que soportaba por estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, vía suspensión condicional del procedimiento.
En la diligencia a Papo fueron designados los jueces Lici Sánchez y José Agustín Delmás, quienes posteriormente se inhibieron. Luego de esto fue sorteado el juez Alcides Corbeta, para atender el caso.
Ya en el mes de octubre del año pasado el juez penal de garantías José Delmás había decretado la rebeldía y también ordenó la captura de Papo Morales, quien fue condenado como líder de una banda de estafadores con cheques adulterados, en un proceso que data de 2009.