El abogado Mario Elizeche Baudo recusó hoy al fiscal José dos Santos, quien convocó a María Selva Morínigo y sus hijos, Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo, a una declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.
La familia de Díaz Verón fue llamada a declarar ante el fiscal Dos Santos el próximo viernes 16 de febrero, sin embargo, su defensa ya inició las trabas al proceso.
Con esta acción de la defensa, la Fiscalía General del Estado, interinada por Alejo Vera, deberá definir si acepta o rechaza la recusación.
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La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yolanda Portillo, había interpuesto un recurso de inhibición en la causa contra Díaz Verón porque tiene parentesco con el abogado Mario Elizeche Baudo. Tanto ella como José dos Santos fueron los designados por el Ministerio Público para investigar a su jefe: Javier Díaz Verón.
Cabe recordar que Mauro Elizeche es primo hermano del marido de la fiscal Portillo, razón por la cual se inhibió de la causa y fue asignado para la continuidad de la investigación el agente fiscal Luis Piñánez. Este último impugnó el recurso de inhibición planteado por su par del Ministerio Público.
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Ante esta situación la fiscal adjunta, Alba Rocío Cantero, por un lado hizo lugar a la impugnación planteada y por otro reasignó la causa a la agente fiscal Anticorrupción Josefina Aghemo, a fin de precautelar cualquier circunstancia que podría ocasionar, en detrimento del principio de objetividad, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía ya recibió informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre la firma Canto Rodado SA, que fue integrada con G. 2.500 millones provenientes de la esposa de Díaz Verón y sus dos hijos, Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo.
En su defensa, la familia alega que se trata de pagarés, y si esto se confirma, en todo caso podría haber otro hecho punible, como producción mediata de documento público de contenido falso.
Antes de usar ese argumento, el propio Díaz Verón intentó justificar que su esposa capitalizó la citada firma con dinero de una indemnización, que fue de G. 203.531.055, es decir, ni el 10% de la inversión hecha.
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