Los magistrados concluyeron que la medida de prisión preventiva establecida para el imputado está ajustada a la ley, teniendo en cuenta que está procesado por enriquecimiento ilícito, hecho punible catalogado como crimen.

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Además se tuvo en cuenta que existe un latente peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones en razón a la conducta del exfiscal general del Estado, quien permaneció varios días prófugo a pesar de estar en conocimiento de que pesaba una orden de captura en su contra. “El estado incipiente de investigación podría ser truncado por la modificación o destrucción de pruebas o la influencia en testigos, con lo cual se vería afectada seriamente la investigación”, expresa parte de la resolución del Tribunal.

La defensa de Díaz Verón presentó la apelación argumentando que no estaban previstos los requisitos establecidos para la imposición de una medida excepcional como es la prisión preventiva, que, considera, ha causado agravios irreparables a su defendido.

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Javier Díaz Verón está imputado por enriquecimiento ilícito, mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está imputada por lavado de dinero, pero esta fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión.