¿En dónde entran todos?

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La diputada Kattya González (PEN) se refirió a la cantidad de “planilleros” que existen en la Cámara de Diputados y contó que en la oficina de cada legislador no pueden entrar más de tres personas. Sin embargo, algunos tienen unos 20 funcionarios.

González conversó este miércoles con radio ABC Cardinal sobre los planilleros dentro de Diputados. La legisladora indicó que la Cámara tiene 1.980 funcionarios contratados y nombrados, pero que en total suman 2.350 con los comisionados de otras instituciones.

La diputada se preguntó dónde entran todos los traídos o cupos de otros legisladores, ya que solamente tres personas caben en las oficinas. Además, dijo que la mitad de esos 2.350 funcionarios no acude a su sitio de trabajo. Comentó que ella tiene a su cargo tres personas que trabajan allí desde hace varios años y que no trajo a ningún recomendado. “Creo que la manera más firme para protestar con altura moral es con el ejemplo”, manifestó.

“La ciudadanía tiene que entender que esto no es un problema de la Cámara, como pretenden muchos de los diputados (...) Estamos llenos de hijos, de parientes, de exparlamentarios que están ganando cifras siderales. Tenemos que hablar de un reglamento de funcionarios parlamentarios. En Chile, por ejemplo, están los funcionarios políticos que vienen con el diputado y se van con el diputado”, expresó la diputada de Encuentro Nacional.

Julio César Arévalo, director de Recursos Humanos de Diputados, indicó la mañana de este miércoles que la Cámara gastará G. 280 millones para hacer una auditoría externa para detectar a “planilleros”. El director defendió a los funcionarios e indicó que “por culpa de uno, de dos o más” funcionarios planilleros “se les agarra a todos”.

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González se refirió a la cantidad de pasacalles con mensajes en contra de los Ciudadanos Autoconvocados, que escrachan a los legisladores o políticos implicados en hechos de corrupción. En estos pasacalles se acusa a María Esther Roa, líder de los autoconvocados, de ser financiada por Kattya González.

“La intención de esto es restar credibilidad al grupo y asociar al financiamiento de políticos. (Son) víctimas de una campaña sucia de desprestigio. Son ataques rastreros. Son como 500 pasacalles”, expresó la legisladora.

“El discurso disruptor molesta y la manera en que ellos están buscando que funcione la institucionalidad, esta nueva forma de incidir en la decisión de órganos estatales. Nadie marca la agenda de este grupo”, concluyó.