Julio César Arévalo, director de Recursos Humanos de Diputados, conversó este miércoles con radio ABC Cardinal y explicó que esta decisión fue tomada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a modo de “ordenar la casa”.
La Cámara Baja tiene actualmente 1.900 funcionarios, explicó Arévalo. Sin embargo, defendió a los funcionarios e indicó que “por culpa de uno, de dos, o más” funcionarios planilleros “se les agarra a todos”.
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Arévalo manifestó además que la responsabilidad del control de asistencia de los funcionarios corresponde a su superior y justificó el pago de los G. 280 millones por la auditoría, porque fue una decisión de los parlamentarios. Explicó además que están en conversación con la Universidad Nacional de Asunción para abaratar costos.
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El control tiene como única misión detectar la cantidad de “planilleros” dentro de la Cámara Baja. “No es que sea una buena o una mala noticia (por la auditoría), pero sí que piden que se haga eso”, dijo.
Los hechos de planillerismo volvieron a resurgir tras conocerse los casos de María de Lourdes Pagliaro Cubas, asistente del diputado Luis Urbieta (ANR, cartista), y de María de Lourdes Pagliaro Cubas, quien registraba su entrada a la Cámara y luego se retiraba en su lujoso Mercedes Benz SLK 350 año 2005, para volver más tarde a marcar la salida.
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Otro caso implica al asistente del diputado Pedro Alliana (ANR, cartista), Denis Barboza, quien a pesar de cobrar G. 19.300.000 no acudía a la Cámara desde agosto del año pasado. Durante seis meses consiguió un permiso para hacer gestiones fuera de la institución y en enero y febrero se tomó vacaciones. La autorización era firmada por el diputado y titular de la ANR.
Ivana Chamorro Lafarja, hija del exdiputado José Chamorro (ANR, cartista), desde agosto del año pasado no acude a la Cámara de Diputados gracias a los reiterados pedidos de permiso por salud que presentó.
En 2018, agotó los 90 días de permiso y volvió a solicitar otro especial hasta el mes de diciembre. Asesoría jurídica requirió un justificativo médico más específico de lo que padecía, ya que el certificado solo pedía el permiso.
El caso más reciente también implica a Gerardo Rojas Paiva, asesor de la Comisión de Prensa y Comunicación en la Cámara de Diputados, quien cobra G. 7.200.000 en su cargo, pero no tenía idea de qué funciones debería cumplir.