Pereira se lava las manos

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Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), se defendió de las críticas sobre las cuentas de Darío Messer y aseguró que se aplicaron todas las normas de control internacional sobre sus operaciones.

Pereira dijo a ABC Cardinal que cuando asumió como presidente de la entidad bancaria las cuentas ya estaban habilitadas -fueron abiertas en 2011- y que se recurrió a una asesoría legal para que puedan continuar activas. En ese sentido, dijo que consultaron con las autoridades brasileñas y, al no tener causas judiciales pendientes o antecedentes recientes, no encontraron motivos para descontinuarlas.

Sobre los mecanismos de seguridad, aseguró que nuestro país es “más estricto” a la hora de analizar situaciones financieras de riesgo, en comparación con países modernos, ya que estos “descansan en la automatización, en la digitalización”, mientras que en Paraguay se hace de forma más personal.

Con respecto a la tardanza en informar sobre los movimientos en las cuentas del “doleiro”, mencionó que para algunos pudo haber resultado sospechoso, pero que esta consideración es muy subjetiva. “Nosotros nos ceñimos a lo que dicen los manuales. Es un escenario muy complejo y son muchas informaciones que manejar”, expuso.

“Nosotros tenemos que descansar necesariamente en los delineamientos y pautas a nivel internacional”, se defendió. Sostiene que en el mundo financiero se manejan números que hoy pueden “ser malos” pero que antes no lo eran.

“Los niveles de permeabilidad que se tiene no están casi en el sector financiero, sino en el sector comercial. Y nadie dice nada, nadie pregunta nada”, criticó.

Aseguró que nunca recibió una llamada de Horacio Cartes o de su entorno para darle un tratamiento especial o ignorar los movimientos en las cuentas de Messer.

Finalmente, confesó que uno de los consultados al momento de mantener dichas cuentas fue Óscar Germán Latorre. “Le preguntaba, como penalista, algunas cosas por resolver”, dijo. Latorre es actual abogado de Víctor Bogado y fue fiscal general del Estado.