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"En el mes de mayo de 2018, la causa contaba con 120 tomos aproximadamente, la causa a la fecha cuenta con 437 tomos y se han procesado cerca de 112.900 páginas de informes y datos recabados", indica un reporte remitido por la Fiscalía sobre el caso, remarcando que la fiscala general Sandra Quiñónez designó un equipo de casi 15 personas para analizar el esquema de lavado que constaría de más de 37 empresas.
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Además, según la Fiscalía, "desde mayo fueron remitidos 258 oficios para solicitud de informes varios y a partir de la solicitud de informes del Ministerio Público a diferentes entidades", lo que contribuye a la demora por la cantidad de información a ser cruzada.
Datos de inteligencia de los Estados Unidos y de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) habían alertado de un presunto megaesquema de lavado de dinero vinculado al grupo terrorista Hezbollah, a raíz de lo cual el Ministerio Público abrió una investigación en abril pasado.
"El Ministerio Público por este medio reafirma su labor permanente en esta investigación a fin de establecer los hechos investigados, para lo cual la Dra. Sandra Quiñónez conformó este actual equipo de trabajo. Esta administración asumida en marzo de 2018 reafirma la responsabilidad de impulsar las carpetas fiscales que se encuentran en proceso de investigación y a fin de que sean objetivas, estas tienen un tiempo de labor requerido", remarca el comunicado del Ministerio Público tras publicaciones periodísticas que cuestionan el lento avance de la investigación.
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El actual vicepresidente de la República está sospechado de eventuales vínculos con Walid Amine Sweld y Ricardo Galeano Fariña, los dos supuestos empresarios tras el aparente esquema de blanqueo de dinero. En reiteradas ocasiones, Velázquez intentó desvincularse de las sospechas, alegando que los mismos no son sus amigos, pese a que reconoció que en algún momento habría compartido incluso juegos de fútbol en una cancha propiedad de Sweld.
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Ya a inicio de este mes, la fiscala general había insistido en que no había ningún retraso intencional en la investigación, alegando justamente la complejidad del caso como causal de la demora.
Se sospecha que el esquema habría movido en total unos 1200 millones de dólares desde Ciudad del Este, que podrían haber sido utilizados para financiar a la organización terrorista.