Falló a favor de su hijo

Semanas atrás salía a luz el caso de un extrabajador de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), identificado como Ismael Antonio Pintos, que había demandado a la entidad por US$ 10 millones en el marco de una causa por “retiro justificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales”.

Finalmente, este juicio resultó favorecedor para el demandante, quien fue indemnizado con más de G. 53.000 millones, gracias al fallo del juez de primera instancia en lo laboral de Luque Luis Pereira Ramírez, y a la misma Corte Suprema de Justicia, que había dado luz verde para que continúe la demanda laboral contra la Conmebol.

Ahora trasciende un dato que ata muchos cabos y responde muchas preguntas con relación al excesivo favoritismo que tuvo la causa tanto en la sentencia judicial como en instancias de la Corte.

El abogado defensor de Ismael Antonio Pintos resultó ser nada más y nada menos que Pedro Aníbal Fretes Valenzano, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes. Así se explica por qué el ministro fue uno de los que rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Conmebol en el marco de esta demanda, que por cierto, estuvo plagada de irregularidades.

Según la demanda de Pintos, desde enero a setiembre de 2013 la Conmebol no le pagó sus haberes ni lo despidió. Refiere que su trabajo era realizar programas importantes en la Conmebol y que era un trabajador dependiente de la confederación, cobrando comisiones del 10% por atraer clientes. Es por esta falta de pago, explica, que realizó una demanda por US$ 9.500.000.

Tras la filtración de los audios y el descubrimiento de los casos de corrupción, el juez Luis Pereira Ramírez fue suspendido y enjuiciado por el JEM.

La medida fue tomada porque el magistrado no supo explicar cuáles fueron las pruebas y elementos que usó para dictar la sentencia que benefició al extrabajador de la Conmebol.

También los camaristas de Central Arnaldo Lévera, Santiago Brizuela y Víctor Caballero fueron enjuiciados por avalar la sentencia que no discriminó los rubros por los que debían pagarse, sino que se hizo un “paquete” por los G. 53.000 millones.

Tras el análisis del caso, Adrián Salas, miembro del JEM, manifestó que aparentemente en el caso hubo un “pacto para que todas las partes se beneficien con el producto de la demanda”.

A raíz de los antecedentes, todo indica que los jueces se habrían prestado a la maniobra del entonces titular del JEM Óscar González Daher, quien habría operado para que prospere la demanda.