La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro, firmó la resolución por la cual se desestima sin más trámites la acción de inconstitucionalidad presentada por la abogada Yolanda Portillo, fiscal de la Unidad Penal N°8 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La acción presentada por Portillo buscaba que la anulada imputación contra el contralor General de la República, José Enrique García Ávalos, sea nuevamente validada para que el mismo sea juzgado lo antes posible.
La imputación fue anulada el año pasado por el Tribunal de Apelaciones luego de que Álvaro Arias, abogado del contralor, solicitó una acción de nulidad porque la misma violaba la Constitución Nacional.
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Por este motivo, la imputación a García por uso de documentos públicos de contenido falso continuará congelada hasta que se realice un juicio público como establece la misma carga magna.
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La Constitución establece en su artículo 284 que el contralor General de la República “tendrá la mismas inmunidad e incompatibilidades prescritas para los magistrados judiciales”.
Asimismo, el artículo 253 refiere que “los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados.”
Enrique García fue acusado por uso de documentos públicos de contenido falso, en marzo de 2018. La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez, procesó al contralor luego de que fuera informada que la Cámara de Diputados lo "desaforó", lo cual es imposible, según el abogado del contralor.
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En esos documentos falsos presentados ante la justicia, el antiguo director jurídico de la Comuna apeló el fallo de un tribunal arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 a la firma Ivesur.
En esa misma ocasión también fueron imputados dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Los cómplices de García son Rodolfo Duarte, auxiliar de asesoría, y el abogado Julio González, jefe de archivo de la Dirección.