En un ambiente de fuerte tensión en la Comuna esteña, esta mañana, Carolina Llanes inició sus funciones de interventora acompañada de un equipo técnico, con la potestad que le otorgó oficialmente el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en representación del Gobierno.
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El pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este fue hecho por la propia Junta Municipal y posteriormente aprobado por la Cámara de Diputados, debido a una serie de denuncias de mala gestión por parte de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías.
Llanes se dirigió a los medios de prensa y dijo en un primer momento que su función no le permite sacar definitivamente a ninguna persona de su cargo: "No venimos a destituir a nadie, pero sí podemos apartar del cargo a funcionarios que obstaculicen los trabajos", subrayó.
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Añadió que lo primero a realizar es el corte administrativo para ver si pueden proceder ya a los pagos de salarios. Posteriormente, la interventora salió a hablar con los funcionarios de la Comuna y les solicitó colaboración.
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“Les ruego que nos aboquemos a la tarea técnica más allá de la militancia política. Voy a estar abierta a escuchar a todos y voy a hacer el máximo esfuerzo de cumplir con ustedes”, puntualizó.
Por su parte, Castorina Molinas habló en representación de uno de los gremios de trabajadores de la institución, momento en el que solicitó que los funcionarios no sean perseguidos y que puedan seguir trabajando normalmente en la Municipalidad.
Ciudad del Este se encuentra en un contexto de tenso rechazo y, en contrapartida, la aprobación de esta nueva etapa de investigación a la gestión municipal. En la fecha, también Sandra McLeod busca retirar su renuncia a la Comuna, pero los encargados de hacer llegar la misiva a la Junta Municipal fueron echados.
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McLeod había presentado se dimisión al cargo un día antes de que Diputados tratara la aceptación o rechazo de la intervención; el objetivo era detener este proceso. Incluso, ese mismo día, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) curiosamente decidió llamar a elecciones municipales sin que la Junta de la Comuna haya aceptado la dimisión de la intendenta a su cargo.
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Esto motivó una gran polémica entre letrados y políticos, por lo que los ministros del TSJE fueron denunciados por prevaricato, puesto que quisieron obviar los mandatos de la Ley Orgánica Municipal al basarse en un medida judicial que ya había expirado. Luego, los ministros se vieron obligados a retirar dicha convocatoria, puesto que de igual manera se dio luz verde al pedido de intervención.
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