Tras la difusión del caso, los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, para la apertura de una investigación preliminar.

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La jueza Román fue quien firmó la orden judicial para que agentes antidrogas armados ingresen al Centro Educativo, donde se encuentran adolescentes infractores privados de su libertad. De acuerdo a las disposiciones nacionales e internacionales, en recintos de esta naturaleza donde se encuentran menores de edad no se pueden emplear armas de fuego. 

Además, durante la requisa, que incluso motivó una queja del propio Ministerio de Justicia, no se encontraron sustancias estupefacientes, solo algunas armas blancas de fabricación casera.

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Al respecto la magistrada se defendió argumentando que los agentes que portaban armas de fuego no ingresaron a los pabellones “por lo tanto no tuvieron contacto alguno con los adolescentes”.