Metrobús: aún sin solución

La primera reunión de la mesa de crisis instalada por el MOPC culminó sin propuesta alguna de solución ante la inminente suspensión de los trabajos del metrobús. El gobierno de Mario Abdo espera tener ideas más claras la próxima semana.

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La arquitecta Estela Azuaga, secretaria general del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se refirió a los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno para tratar de zanjar la crisis que heredó de la gestión de Horacio Cartes, con el preaviso de la firma Mota Engil sobre la suspensión de los trabajos del metrobús.

En contacto con ABC Cardinal, mencionó que ayer se realizó la primera reunión de la mesa de crisis, donde participaron autoridades gubernamentales y técnicos, así como representantes de la compañía portuguesa contratada para construir el corredor entre San Lorenzo y Asunción. Sobre los resultados de este encuentro, la funcionaria no pudo brindar detalles de mayores avances. “En la tarde tuvimos la primera reunión y lo importante es que nos sentamos a conversar con el señor Jorge Pereira, representante legal de la empresa”, expuso.

Al ser insistida sobre alguna alternativa de solución o cuál fue la propuesta acercada por el MOPC, Azuaga se limitó a señalar que “nuestra prioridad en este caso es la gente y nosotros queremos dar respuesta. Queremos que esto continúe, queremos finalizar ya esto, por la gente que se ve afectada de alguna u otra forma”, agregó.

Consideró que uno de los logros del encuentro fue haber iniciado un diálogo entre las partes. “Es el primer diálogo que entablamos y la intención es incorporar a los frentistas y hacer una alianza estratégica, con la participación de los municipios involucrados”, apuntó.

Indicó que las conversaciones continuarán la próxima semana. “Lunes o martes vamos a tener los primeros resultados en base a soluciones que se van a instalar... Estamos en un diálogo constante, que creo que es lo más sano para encaminar en este momento”, argumentó.

Al ser abordada sobre la posibilidad de que finalmente se decida suspender las obras y que todo quede a la deriva, Azuaga brindó una respuesta “genérica” e insistió en que “acá los diferentes actores necesitan ser escuchados para encontrar una solución. No podemos hablar en forma unilateral, no podemos decir 'esta es la solución'; el objetivo es llegar a un punto donde en forma consensuada y dialogando podamos encontrar juntos una solución”, reafirmó.

Indicó que “habrá cuestiones técnicas y contractuales”, pero “la voz de la gente que vive en ese lugar merece ser escuchada y para nosotros el componente social es demasiado importante. Quizás surjan alternativas de solución; lo importante es que podamos conversar todos los actores. Ahora estamos buscando un acercamiento, un diálogo, queremos destrabar esto”, aseveró.

Reconoció que el calendario actualmente les juega en contra, ya que en apenas dos semanas se debe encontrar una salida, dado que el próximo 3 de setiembre Mota Engil abandonará definitivamente las obras, en caso de no llegarse a un acuerdo. “Lastimosamente, tomamos conocimiento de esto recién el 16 (de agosto) y la nota (el preaviso de suspensión de obras) se presentó el 13, cuando todavía no estábamos dentro del ministerio. Pero estamos al pie del cañón, asumimos este desafío sin mirar atrás y buscamos las soluciones... El norte nuestro es acercarnos a la gente, dialogar con la gente, que estén todos los actores y cada uno tendrá sus verdades, necesidades y todos deben ser escuchados y en conjunto encontrar las diferentes soluciones”, reiteró.

Por otra parte, Azuaga garantizó que tienen todo el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para continuar con el proyecto. Al señalársele las versiones sobre falta de recursos, comentó que “ayer nos comunicamos también con el BID y están apoyando totalmente... Tenemos el compromiso de ellos de que incondicionalmente están apoyando todo esto”.

El contrato del MOPC con Mota Engil es por unos US$ 71 millones e incluye los tramos 2 y 3 del corredor del metrobús. El Estado ya abonó unos US$ 20 millones del monto total, que ya se había reajustado en un 34,4%.

El proyecto fue adjudicado en febrero de 2016 a la firma extranjera, que a su vez empezó a trabajar en enero de 2017. Finalmente, tras sucesivas demoras, la protesta de los frentistas y problemas de permisos, la contratista comunicó su decisión de abandonar el proyecto y de esta manera el gobierno cartista dejó como “herencia” a la gestión entrante una crisis de gran envergadura.

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