Miguel Núñez y Hugo Turitich, dos funcionarios que figuran en el informe de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) que presentó a la Fiscalía, pues habían denunciado la presencia de personas extrañas dentro de la institución, fueron despedidos de la Autores Paraguayos y Asociados (APA) esta tarde.
La decisión fue tomada en una sesión de APA, y fue comunicad al funcionario Miguel Núñez (el otro se encuentra de vacaciones) a través de una nota firmada por el presidente de APA, Alcides Roa, y el Secretario general, Luis Barrientos.
En el documento, mencionaron que se los cesaba del cargo sin pago de indemnizaciones, y justificaron su decisión recurriendo a motivaciones como “falta de confianza, por no acatar órdenes y por dar informaciones privadas”.
La información fue proporcionada a este diario por el abogado Ricardo Gavilán, director de Gestión Colectiva de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y fiscalizador de APA. Lo inverosímil del caso es que, en teoría, APA se encuentra bajo sumario, por lo que está imposibilitada para realizar cualquier tipo de movimiento administrativo. En otras palabras, la sociedad de gestión debería estar cerrada.
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“Esta maniobra de APA representa una violación más a la Ley de Derechos de Autor. Al encontrarse suspendida por seis meses, APA no puede realizar movimientos ni administrativos ni contables ni laborales porque la Dinapi le ha retirado su autorización de funcionamiento. A todas luces, es ilegal lo que hacen”, declaró Ricardo Gavilán.
Al consultársele al jurista qué argumentan los directivos de APA por incumplir la orden, respondió que APA tiene perfecto conocimiento de la sanción. “Fueron debidamente notificados, y manifestaron públicamente que no acatarán la resolución de la Dinapi”, mencionó el abogado, al tiempo de agregar que hoy por hoy, a pesar de la prohibición, los directores siguen sesionando, de hecho, el despido de estos funcionarios se decidió en sesión de directorio.
Lo llamativo es que los directivos ni siquiera intentan justificar su desacato a la resolución. Ambos funcionarios despedidos, figuran en el informa que la Dinapi presentó ante la Fiscalía, para impulsar la investigación a los directivos de APA por presuntos malos manejos en la gestión.
Uno de los funcionarios, Miguel Núñez, presentó su denuncia al Ministerio de Trabajo, “de manera a que le puedan ser reparados sus derechos”, mencionó el abogado de Dinapi, al tiempo de añadir que el funcionario cuenta con 10 años de antigüedad dentro de la institución.
Esta no es la única irregularidad en la que ha caído APA tras su suspensión. Gavilán mencionó que, días atrás, los directivos quisieron retirar G. 500 millones de la entidad financiera Interfisa, “para pagar salarios y otros gastos”.
“Los asesores jurídicos de la financiera se pusieron en comunicación conmigo y les expliqué los alcances de la suspensión. Ellos no pueden realizar ningún movimiento financiero”, recalcó el abogado.
Hoy en día, según informó el entrevistado, todas las entidades financieras y bancarias con las que operaba APA han bloqueado las cuentas y congelado las sumas de dinero que se encuentran depositadas.
Por último, se le consultó al abogado de Dinapi qué determinaciones se tomarán con respecto a los autores jubilados que deben cobrar pensiones durante el tiempo que la sociedad estará suspendida. Sobre el punto señaló que “es una situación muy penosa, pues APA no puede ordenar pagos en este momento, pero no había otra salida”. No obstante, desde Dinapi estudian qué caminos alternativos podrían tomar para que los derechos de los autores no se vean interrumpidos.