Ortigoza insistió en que no fue destituido, sino que puso su cargo a disposición debido a las denuncias en su contra por la compra de unas 5.700 hectáreas de tierra en un acuerdo comercial con la firma San Agustín, que cobró G. 47.000 millones.
Indicó que el presidente Federico Franco decidió reemplazarlo por la coyuntura política. “En los términos en que tomó la decisión, yo respeto”, refirió.
“Esto se produce en un momento de histeria electoral”, manifestó el destituido funcionario, en contacto con Canal 100.
Consideró que no cometió irregularidad alguna durante su gestión y aseguró estar dispuesto a seguir explicando el proceso que se siguió en la adquisición cuestionada.
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“La función pública tiene estas ingratitudes. Hay que dar la vuelta la página. La vida continúa”, manifestó al hacer referencia a su salida.
Aseguró estar tranquilo, aunque insistió en que la imputación en su contra no tiene fundamento.
Estimó que el proceso penal finalmente caerá, ya que “no tiene sustento”. “Se va a ir aclarando la cuestión”, sostuvo.
Tras descubrirse el presunto negociado, la Fiscalía imputó a Ortigoza por lesión de confianza.
El exfuncionario inicialmente se resistió a renunciar hasta que finalmente en la víspera el presidente Franco emitió un decreto por el cual lo reemplazó por Juan Carlos Ramírez Montalbetti.