“Mi papá es accionista de San Agustín desde hace años”, manifestó el legislador oviedista, en contacto con la 780 AM.

Oviedo Matto confirmó además que Arnaldo Jara es contador del Unace y que fue el que cobró el cheque expedido por el Banco Nacional de Fomento a favor de la firma.

Negó sin embargo que la participación de Jara constituya un signo de cuestiones electorales en el acuerdo de compra por parte del Indert de las tierras ubicadas en Altos y Atyrá.

Señaló que Jara igualmente es contador de la empresa de la cual es accionista su padre.

Igualmente, rechazó que el acuerdo entre el Indert y la empresa San Agustín esconda un negociado.

Comentó que el contrato de venta al Estado se dio luego de que familias hayan ocupado la propiedad en cuestión y hayan impulsado su expropiación.

“Qué tiene de malo que se haya pagado por unas tierras que se ocuparon”, sostuvo.

Recordó que el inmueble fue expropiado en 1996, pero finalmente la ley en cuestión fue anulada en el 2002, luego de confirmarse que se trata de una zona no sujeta a la reforma agraria.

“Estas tierras fueron ocupadas por una ley de expropiación y luego, seis años después, anularon esa ley de expropiación. Eso no puede ocurrir”, cuestionó.

Reclamó que el Estado debió haber abonado por las tierras en el mismo año en que se aprobó la expropiación.

Oviedo Matto aseguró incluso que la empresa de su padre vendió las tierras al Estado a un precio inferior al del mercado.

“Para nosotros esa propiedad vale cinco veces más”, indicó.

Aseguró que en caso de poder elegir, desearían que el Estado disponga la desocupación del inmueble y la devolución íntegra a la empresa San Agustín.

El legislador negó además que haya presionado en las distintas instituciones estatales para lograr el desembolso del dinero.

Pese a que el pago a la empresa San Agustín ya fue aprobada el Miércoles Santo, en la noche del lunes el Banco Nacional de Fomento frenó la transacción debido a una medida cautelar contra la firma.

La Fiscalía anunció que iniciará una investigación para confirmar una eventual irregularidad y procesar a los presuntos responables.

El acuerdo entre el Gobieno y la empresa vinculada al oviedismo se dio mientras el PLRA, el partido actualmente en el poder, continúa con negociaciones electoralistas con el Unace.