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El juez de garantías de la ciudad de Yuty, Waldemar Ortiz, decretó el sobreseimiento definitivo del político abdista Benjamín Adaro Monzón, quien fue acusado por violación a la Ley de Armas y coacción, en perjuicio de un comerciante de la mencionada localidad caazapeña, de nombre Jorge Baeza.
La resolución fue dada a conocer tras la audiencia preliminar realizada el pasado 12 de febrero en la ciudad de Yuty y el juzgado alega “error de forma” en la investigación para la liberación del cuestionado político, quien actualmente es concejal departamental.
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Durante la audiencia preliminar actuó de fiscal acusador Joel Milciades Cazal, a raíz de que Javier Ibarra, quien inició la investigación, fue recusado por Adaro Monzón.
Según los antecedentes del caso, el comerciante Jorge Baeza había denunciado que supuestamente fue convocado por Adaro Monzón para ir a su casa el pasado 5 de junio del 2017. Sin embargo, al llegar a la casa del político, fue retenido por guardaespaldas y mantenido por varias horas a la fuerza como rehén, aseguró.
Baeza dijo que fue amenazado de muerte y para que se le perdone la vida tuvo que firmar 10 pagarés en blanco, hojas de papel también en blanco y además tuvo que transferir una casa quinta a nombre de un guardia de Benjamín Adaro Monzón.
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Tras la denuncia realizada por el comerciante yuteño ante el fiscal antisecuestros Javier Ibarra (quien fue recusado por Adaro Monzón), este allanó la vivienda de Adaro Monzón, con autorización judicial correspondiente, donde pudieron incautar varias evidencias del hecho y además de otros casos ventilados en el juzgado de Waldemar Ortiz.
Llamó la atención un CD que contiene datos de teléfonos celulares de un caso de asesinato, que fue supuestamente robado de la oficina del Juzgado de Garantías de Yuty. El disco contaba con datos que establecían la vinculación de dos efectivos policiales que fungían de seguridad para Adaro Monzón y el asesino confeso de Pedro Casco Ferreira, Luis Javier Ayala, quien había señalado que cometió el crimen por orden del político colorado.
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La parte resolutiva, de fecha 14 de febrero, firmada por el juez Waldemar Ortiz, señala que declara la nulidad de oficio todas las actuaciones del fiscal antisecuestro y de antiterrorismo Javier Ibarra Mendoza; desde el acta de imputación hasta todas las actuaciones posteriores.
Finalmente, declara extinguida la acción penal en la presente causa. Por lo tanto, confirma el sobreseimiento de Benjamín Adaro Monzón y de Roque Alfredo Ramírez González, el guardaespaldas del político colorado que también estaba procesado.