Se postergó por una semana el tratamiento del proyecto de ley “que establece el procedimiento para la rehabilitación del ferrocarril ‘Presidente Carlos Antonio López’ y la implementación de su primera etapa como tren de cercanía u otro medio masivo de transporte, tramo Asunción-Ypacaraí”, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El titular de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Ing. Roberto Salinas, dijo la semana última a ABC que “inmediatamente después de las elecciones” sería tratado el proyecto, que tuvo varias modificaciones antes de lograr la media sanción de la Cámara Alta, a fines del año pasado. Pero finalmente después de ingresar para hoy en el punto número 12 del orden del día, se volvió a dilatar su tratamiento.

Uno de los cuestionamientos que se han hecho al plan inicial es que no se preveía el pago de indemnizaciones para afectados por el trayecto del futuro tren, muchos de los cuales tienen título de propiedad, algunos pagan alquiler a sus municipios y otros están en situación de ocupación precaria. Como la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, el proyecto actual aprobado en Senado prevé expropiaciones.

No obstante, un grupo de propietarios sigue en desacuerdo con el trayecto que pretende Fepasa para el tren de referencia y solicitan que en lugar de venir por las antiguas vías del ferrocarril, se utilice la Costanera, de modo a generar un menor impacto social.

En una nota enviada por vecinos a este diario, se explica que existe un documento “celosamente guardado por la Secretaría Nacional de Cultura” en el que se hace referencia a la imposibilidad de utilizar la senda de la vía histórica del tren, por tratarse de un patrimonio histórico y cultural. “Este documento refuerza aún más la inconstitucionalidad alegada por nuestra parte, que felizmente puede ser breve y claramente subsanada por esta Cámara de Diputados sin necesidad de rechazar el proyecto de ley. Simplemente es necesario aprobarlo con una breve modificación, con lo cual la inconstitucionalidad queda subsanada”, señala el escrito firmado por Wilfrido Fernández, Silvio Colmán y Diana Velázquez, de la Coordinadora Nacional de Comisiones Vecinales.

Según los datos que manejan en dicha Coordinadora, de aprobarse en Diputados el proyecto en cuestión significaría la destrucción de la casa del general Bernardino Caballero, la Casa Gondra, de hospitales, comisarías, escuelas y viviendas que a lo largo de los años avanzaron sobre parte de la franja de dominio del tren, ante el desuso por parte de Fepasa. El proyecto prevé utilizar siete metros a ambos lados de las históricas vías.

Otro aspecto suspicaz de este emprendimiento es que Fepasa en el año 2015 había hecho un llamado a precalificación de empresas interesadas en rehabilitar el tren de cercanías. Eso sin contar con presupuesto para llevar adelante el proyecto ni las autorizaciones correspondientes.

Además, llamativamente, en los cuatro grupos empresariales precalificados aquel año se encuentran cuestionadas empresas que ganaron millonarios contratos en Obras Públicas durante el Gobierno de Horacio Cartes. Son: el consorcio Corsán-Alston (Corsán es del grupo empresarial denunciado por el caso “superviaducto”), Sacyr Concesiones SRL (adjudicada para la ampliación de Rutas 2 y 7 y a la que quisieron dar la APP de aeropuerto), consorcio Roggio Transporte SA - Benito Roggio e Hijos y el consorcio Torrescamara- FGV-Vossloh España- Tecnoedil (Roggio y Tecnoedil, dos de las siete empresas que se adjudicaron todos los contratos principales del MOPC).

Al respecto, Salinas dijo a ABC están revisando ese proceso de precalificación y que “lo más probable” es que se realice un nuevo llamado.