Los sindicalistas acudieron este miércoles a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones municipales que adjudicaron al Consorcio TX para implementar un sistema de gestión tributaria y catastral en la Comuna asuncena, tarea que, creen los funcionarios, deben hacerla ellos mismos y no debe pasar a manos privadas.
Además, los miembros del Simuca realizan un pedido de medida cautelar que solicita la suspensión total de los efectos de las resoluciones municipales, de manera a que el consorcio salga de la Municipalidad, donde está instalado desde el mes de agosto.
Óscar Pereira, vicepresidente del Simuca, señaló que la palabra “consultoría” es un “disfraz utilizado por esta administración para encubrir la tercerización, privatización y delegación de funciones recaudadores, que solo son inherentes a la gestión municipal de sus funcionarios”, enfatizó.
Pereira explicó que la acción de inconstitucionalidad la fundamentan en las violaciones a preceptos constitucionales en lo referente a la adjudicación de esta tercerización.
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Resaltó también que la municipalidad trata de encubrir esta privatización, denominándola “consultoría”, pero se preguntan cómo una consultoría puede tener un plazo de 10 años.