Efraín Alegre acudió este miércoles en horas de la mañana a la sede central de la fiscalía, sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de la capital, para dar declaración testifical sobre la falsificación de firmas en la campaña cartista “#QueLaGenteDecida”. Varias otras personas también se acoplaron a la medida y también denunciaron que sus rubricas fueron falsificadas por los colorados.
“Por la denuncia que hemos presentado en su oportunidad vamos a prestar declaración y vamos a ampliar la denuncia. Llega un grupo de personas que son personas que van a agregar sus denuncias por haber sido falsificadas sus firmas”, indicó Efraín Alegre en conversación con ABC Televisión.
Alegre agregó que las falsificaciones no son hechos aislados y que las autoridades del Partido Colorado deben responder por este caso. “Vamos a solicitar que la investigación se haga con cada firma. No son hechos aislados. Es importante una investigación amplia. Vamos a pedir a Identificaciones para que les provean los datos de estas personas para poder comparar. Ellos (autoridades de la ANR) son los responsables, ellos fueron a presentar. Ellos deben responder”, exigió el presidente de los liberales.
José Alegre, sobrino de Efraín, también afirmó que su firma fue falsificada y fue a hacer la denuncia al Ministerio Público. “El viernes por la tarde también me percaté de que mi firma fue falsificada. Es un atropello a los ciudadanos. Un compañero, presidente de la filial de Villa Elisa, me envió una impresión de pantalla en donde figuraban mis datos. No sabemos quién habrá hecho esto”, aseguró.
Otro de los denunciantes, César Penayo, calificó la falsificación de firmas como algo “humillante. Venimos de Villa Hayes. Soy del gremio de abogados de Presidente Hayes. Es humillante. Traigo cuatro denuncias y somos tres miembros. Tenemos el coraje y queremos que el Ministerio Público realice la investigación, confiamos en el Ministerio Público”, concluyó.
Las denuncias por la falsificación de firmas suman y siguen. El Partido Colorado no se hace responsable por el delito de producción de documentos no auténticos y la fiscalía actúa lentamente y con excesiva burocracia con los casos.