Riera hizo la propuesta en la sesión ordinaria de este jueves, aunque ello depende de si Diputados designa a los fiscales acusadores. De ser así, el jueves que viene, Senadores determinaría la fecha de los juicios políticos.
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La propuesta del senador cartista es de finiquitar estos juicios antes del receso parlamentario. En el caso de César Garay Zuccolillo y Sindulfo Blanco, ministros de la Corte Suprema, el proceso lleva ya casi cuatro años, mientras que el del Contralor Enrique García es de este año. Hubo otro proceso contra Óscar Bajac, pero este dejó la Corte en julio, al cumplir 75 años.
“Mi moción final sería que se traten los juicios políticos pendientes antes de fin de año y el caso de Blanco, antes de su jubilación, que es en noviembre”, expresó Riera, quien afirmó que existe un “compromiso” por parte de Diputados para designar a los fiscales acusadores.
El 20 de setiembre pasado, 13 senadores pidieron al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, que reanude estos juicios. La nota llevaba las firmas de: Stephan Rasmussen (PQ), Sergio Godoy (ANR), Rodolfo Friedmann (ANR), Enrique Riera (ANR), Derlis Osorio (ANR), Blanca Ovelar (ANR), Juan Afara (ANR), Mirta Gusinky (ANR), Patrick Kemper (Hagamos), Gilberto Apuril (Hagamos), Paraguayo Cubas (CN), Georgia Arrúa (PQ) y Fidel Zavala (PQ).
El juicio político a los tres ministros se inició con la aprobación de la acusación el 10 de diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados, pero esta fue cajoneada en el Senado.
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Recién el 6 de abril de 2016 se pretendió reanudar, cuando se presentó el libelo acusatorio contra Blanco. Sin embargo, nuevamente los senadores dilataron el juicio político, dejando sin quorum las sesiones extraordinarias convocadas, logrando así evitar el tratamiento del punto en cuestión.
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El tercer intento para retomar el juicio fue el 10 de enero de este año, cuando el diputado Ramón Romero Roa remitió una nota al Senado, solicitando a sus integrantes proseguir con el proceso, pero su pedido no prosperó.
A los ministros se los acusa de “mal desempeño de funciones” por no ajustarse al vocabulario de la ley penal vigente, lo que “perjudica el servicio público”, según el libelo acusatorio presentado en Diputados en 2014. A Sindulfo Blanco le atribuyeron “fallos contra la Constitución Nacional y el interés general”, por la sentencia de la Corte sobre el caso de la declaración de inconstitucionalidad de tres artículos de la ley que prohíbe el uso de tripolifosfato de sodio en productos domisanitarios nacionales y extranjeros, hecho en 2013. Así también, lo involucraron en venta ilegal de tierras públicas.
Con respecto al ministro César Garay Zuccolillo, se argumentó su enjuiciamiento porque el mismo tiene una “excesiva e irritante morosidad”. Lo calificaron de “inoperante” en la producción de fallos. El pedido se tratará el lunes en mesa directiva del Senado.
García fue imputado por producción de documentos no auténticos. Fue para justificar la no apelación ante el Poder Judicial de un fallo arbitral que condenó a la Comuna de Asunción, en donde era director jurídico, a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur en concepto de indemnización.
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El pedido de juicio político a García está cajoneado en la Cámara de Senadores desde el 5 de julio pasado. El alto funcionario habría repartido cargos a personas cercanas a integrantes de la Cámara Alta, especialmente del PLRA.