Un relato de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) hizo referencia al caso de Costa Rica donde la privación de libertad ha llenado cárceles. Tanto la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, como el viceministro de Política Criminal, Abg. Raúl Caballero, indicaron que Paraguay pasa por una situación similar.
Caballero declaró que hay un estado de alarma que se intenta subsanar, llevando a cabo audiencias preliminares a procesados y condenados, tanto del Buen Pastor como de Tacumbú, en los últimos tres meses para solucionar el hacinamiento en cárceles. Así unas 200 personas recibieron medidas alternativas.
En su informe el viceministro de Política Criminal señala que del 2010 al 2015 hubo un aumento en cuanto a los presos sin condena. Se detalla: en 2010 el 65% de la población penitenciaria no tenía condena; en 2011 el 71%; en 2012 un 72%; en 2013 se mantuvo pero en 2014 subió a 75%, mientras que en 2015 volvió a subir hasta 77%.
Los datos son tomados al 31 de diciembre de cada año, sobre los internos adultos, mujeres y hombres. Las personas privadas de libertad actualmente llegan a 12.221, de las cuales solo 2.755 están condenadas, es decir, un 22,5% del total; sin embargo, son 9.466 personas las que están siendo procesadas, correspondiente al 77,5%.
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Sobre la población penal de mujeres, los datos suministrados por el Ministerio de Justicia hablan de que al 31 de diciembre del 2015 se registraban 791 personas privadas de su libertad; así las cifras indican que son 556 las procesadas y 235 las condenadas, siendo aquí la proporción de 70% a 30%, respectivamente.
Los estudios fueron realizados en 2010, sin que todavía esté promulgada la Ley Nº 4.431, cosa que ocurrió en setiembre de 2011; en cambio el análisis del número de internos en las cárceles del país realizado en 2015, sí contaba ya con este organismo. En este periodo de cinco años, se notó un aumento del 12% de los internos sin condena.
Partiendo de datos tomados hasta el pasado jueves 10 de marzo del 2016, se tienen en total 12.747 personas privadas de su libertad, de las que están condenadas solo 2.648 correspondiente al 21,06%, disminuyó 1,44% en relación a la cifra anterior; y 10.062 son las procesadas, elevándose la estadística a 78,9%, un 1,4% más que en 2015.
De esta manera se puede apreciar que hubo un aumento de 526 personas privadas de su libertad, sin condenas en relación a los datos correspondientes al mes de diciembre del 2015.
La relatora de la CIDH manifestó que la Ministra de Justicia de Costa Rica se había referido a este tema expresando que se hace “uso irracional” de la prisión preventiva; mientras que también incluyó la versión de un interino de la cárcel de San Sebastián que dijo: “No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos”.
Mismo escenario se presenta en Paraguay actualmente y se pretende brindar una solución a través del trabajo interinstitucional por parte del Ministerio de Justicia con la Corte Suprema de Justicia y otros organismos del sistema judicial de nuestro país.