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Existe un fallo en primera y segunda instancia que ratifica que las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de autoridades electas y de funcionarios públicos son informaciones públicas que el Estado debe entregar a la ciudadanía cuando se requiera. Es un juicio de amparo constitucional planteado por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, patrocinado por el Grupo Impulsor del Acceso a la Información Pública en Paraguay (GIAI), del que forma parte el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en contra de la Contraloría General de la República (CGR).
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El anterior contralor general, Enrique García, se opuso a cumplir los fallos y llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora, la máxima instancia judicial debe sentar jurisprudencia y definir la discusión jurídica en base a la Constitución, los tratados internacionales, la Ley de Declaraciones Juradas, la Ley de Acceso a la Información Pública y el derecho comparado, indicó el actual contralor en una entrevista concedida a ABC Cardinal.
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Enrique García renunció antes de ser destituido vía juicio político y el entonces subcontralor general, Camilo Benítez Aldana, asumió en su reemplazo. El nuevo titular de la Contraloría anunció que está a favor de que las declaraciones juradas de bienes sean públicas, pero en vista de que está pendiente el desenlace del amparo en el Poder Judicial, Benítez indicó que esperará a que la Corte se expida y luego obrará conforme lo disponga la sentencia definitiva.
Es por ello que esta mañana urgió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, para pedir celeridad en el fallo, según contó al aire.