El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (US$ 25.754 millones según el tipo de cambio presupuestado para el próximo año). La cifra muestra un aumento del 11,2% respecto al presupuesto total aprobado para este año, 2026.

El tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy superior a la cotización actual (G. 5.900, aunque menor a los G. 7.800 presupuestados para el PGN 2026).

Los economistas César Barreto, exministro de Hacienda, y Jorge Garicoche, director de Mentu, analizaron el proyecto del PGN 2027 en el programa Plaza Pública Dende, conducido por Yan Esperanza, emitido ayer miércoles por ABC TV.

En la oportunidad, ambos coincidieron en que el nuevo presupuesto parte de cifras más cercanas a la realidad del gasto, pero apuntaron riesgos en las proyecciones de ingresos y en la capacidad futura del Estado para sostener sus compromisos.

PGN 2027 incorpora deudas que antes no figuraban

Para Barreto, uno de los principales cambios del proyecto es que incorpora obligaciones con proveedores que antes no aparecían en la ejecución presupuestaria.

El economista explicó que esta situación afectó principalmente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar (Mspybs) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según señaló, el presupuesto aprobado y los planes de caja de esas instituciones impedía el registro de parte de las compras y de las obras ya ejecutadas.

Explicó que el resultado fue una acumulación de compromisos que luego aparecieron como deuda con proveedores. “Pareciera ser como que es un presupuesto que sincera un poco las cuentas, un poco desordenadas, que tuvimos en los últimos dos años, dos o tres años”, dijo Barreto.

El exministro planteó, además, la necesidad de que la Contraloría General de la República aclare el marco legal dentro del cual se asumieron obligaciones que no figuraban en el presupuesto aprobado.

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Salud tendrá US$ 770 millones para medicamentos

Una de las partidas que refleja el nuevo nivel del gasto es la compra de medicamentos. Sobre el punto, Barreto indicó que el Presupuesto 2027 asigna US$ 770 millones para medicamentos nuevos. Ese monto no incluye la deuda anterior con proveedores.

Según su análisis, la ejecución real de la compra de medicamentos ya se ubicaba cerca de ese nivel en los últimos años, pero que una parte no fue registrada, la que luego se transformó en deuda.

Agregó que la presión sobre Salud no termina en ese relato porque la apertura de nuevos hospitales aumentará la demanda de atención médica y medicamentos. Según el economista, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé cubrir con deuda pública todas las compras de medicamentos presupuestadas. “Las finanzas públicas hoy están extremadamente debilitadas”, afirmó.

También cuestionó el uso de financiamiento para este tipo de obligaciones. “No se justifica, de ninguna manera, que se use deuda para pagar gastos corrientes”, advirtió.

Hambre Cero y Adultos Mayores sube el gasto permanente

El presupuesto sostiene igualmente programas sociales ya con un peso elevado sobre las cuentas públicas. Barreto mencionó el caso de Hambre Cero, cuya cobertura llegó al 100% en 2026, con un costo anual de alrededor de US$ 400 millones a US$ 500 millones, incluso algo más, según lo señalado durante el programa.

A lo destacado se suma la pensión para adultos mayores. Para 2027, el programa excede US$ 500 millones, aunque la cobertura todavía no alcanzó a toda la población objetivo. Según estimaciones de Barreto, con datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cobertura estaría alcanzandod al 61% y 62% de personas mayores a 65 años.

El problema que planteó el exministro no fue la existencia de esos programas, sino la falta de nuevas fuentes permanentes de recursos que acompañen el crecimiento del gasto.

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Tipo de cambio presiona sobre ingresos

Uno de los puntos que genera dudas se relaciona con el tipo de cambio dólar-guaraní utilizado para elaborar el PGN 2027. El proyecto toma como referencia un tipo de cambio promedio de G. 6.458 por dólar.

De acuerdo con Barreto ese cálculo puede resultar elevado frente a los valores actuales y explicó que una cotización menor afecta principalmente la recaudación aduanera. El exministro estimó que la diferencia asociada al tipo de cambio representaría algo más de US$ 100 millones en ingresos.

A su turno, Garicoche presentó otro ejercicio. Si el promedio del dólar se ubicara en G. 6.200, el Estado tendría un faltante de US$ 180 millones para cumplir el presupuesto previsto.

Barreto destacaba que el riesgo no se limita al dólar, que la proyección oficial de ingresos tributarios supera en US$ 400 millones la estimación que él maneja. Entre las diferencias mencionó el mayor crecimiento económico que prevé el Gobierno y una mejora esperada en la eficiencia de la recaudación.

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Déficit de 3,9% implica más deuda pública

El déficit fiscal representa la diferencia entre ingresos del Estado y sus gastos. Cuando el gasto supera a los ingresos, el Tesoro cubre esa brecha con financiamiento. El PGN 2027 parte de un déficit estimado de 3,9% del PIB, lejos del límite de 1,5% que establece como referencia la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Sobre el punto Garicoche sostiene que el sinceramiento de las cuentas permite conocer mejor el punto de partida, pero que también deja expuesta una necesidad mayor de deuda.

“El déficit es sencillamente la diferencia entre lo que se gasta y lo que ingresa y que, de algún modo, es cubierto con nueva deuda”, explicó y advirtió que una recaudación menor a la prevista ampliaría esa diferencia y obligaría a buscar recursos adicionales.

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Subsidio al transporte y APP también recurren a deuda

El análisis de Garicoche identificó otros gastos que dependen del endeudamiento.

Uno de ellos es el subsidio al transporte público, por cerca de US$ 80 millones. Según explicó, ese gasto volverá a tener financiamiento mediante deuda, aunque se trata de un desembolso que se consume en el corto plazo y no genera un activo que pueda producir un retorno futuro.

También mencionó los compromisos derivados de las Alianzas Público-Privadas (APP). En el esquema analizado durante el programa, el 80% de los recursos que alimentan el fondo para el pago de esos compromisos proviene de deuda y el 20% de peajes.

El ecnomista de Mentú recordó que las estimaciones originales apuntaban a una relación cercana a 60% de recursos provenientes del peaje y 40% del Tesoro. Las sucesivas adendas contractuales también elevaron los compromisos fiscales asociados a esas obras.

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Inversión pública absorbe parte del ajuste fiscal

El menor espacio presupuestario ya tiene efectos sobre la inversión pública.

Barreto estimó que la inversión difícilmente pueda superar 1,5% del PIB en los próximos años. Como referencia, indicó que inclusive en años considerados de baja inversión, entre 2010 y 2019, el nivel se ubicó entre 1,7% y 1,8% del PIB.

La reducción de las obras permite contener parte del gasto, pero también puede generar límites para el crecimiento económico si surgen problemas de infraestructura vial, energéticas o en otros servicios que necesita el sector productivo.

Barreto dijo que volver a un déficit de 1,5% del PIB resultará muy difícil con el nivel actual de gasto permanente. Según su análisis, una corrección rápida exigiría un recorte todavía mayor de la inversión pública.

Salarios públicos, otra presión sobre el PGN 2027

El Congreso deberá enfrentar también pedidos salariales de distintos sectores. En el programa mencionaron la solicitud del sector médico, que plantea aumentos para ciertos grupos, además de reclamos de los docentes.

Barreto señaló que un aumento salarial amplio puede crear compromisos que permanezcan durante años y recordó el antecedente del 2011, cuando una fuerte expansión del gasto salarial tuvo efectos posteriores sobre las cuentas públicas.

Por su parte Garicoche agregó que el escenario político de 2027 puede abrir nuevas ampliaciones o reprogramaciones del presupuesto, incluso después de que el Congreso apruebe el proyecto inicial.

Por ese motivo, consideró que el Poder Legislativo debería revisar con detalles las variables macroeconómicas que sostienen las proyecciones oficiales.

El debate fiscal apunta a 2028

El técnico de Mentú anticipó que 2027 tendrá fuertes condicionantes políticos y que las reformas de mayor alcance quedarían para 2028. “El 2027, como punto de partida, no va a ser un año de grandes reformas”, dijo. A su criterio, el próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas con poco margen, alta demanda social y necesidades de inversión que no desaparecen.

Barreto por su parte sostuvo que una eventual discusión sobre aumentos de impuestos debería llegar después de los cambios en áreas que hoy presionan sobre el gasto, entre ellas la Caja Fiscal y la estructura de algunos servicios públicos.

El exministro de Hacienda concluyó cuestionando la posibilidad de aumentar la carga tributaria solo para cubrir desequilibrios que permanecen sin cambios.

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